FF.AA. a las calles: dilemas entre derechos e inseguridad

Ante la ola de crímenes y actos delictivos en medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Pedro Castillo aprobó ayer la declaratoria de emergencia para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 45 días.

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Esta medida deberá ser explicitada en el boletín de normas legales del diario El Peruano, pero al cierre de esta nota, aún no había sido publicada.

La disposición obedece a un informe enviado por la Policía Nacional al ministro del Interior, Avelino Guillén, sobre la necesidad de declarar en emergencia ambas jurisdicciones.

Pero, ¿en qué consistirá la declaratoria de emergencia? El asesor del Ministerio del Interior (Mininter), Dimitri Senmache, explicó que la medida busca golpear la columna de la criminalidad organizada presente en las calles de Lima y Callao.

“Sabemos que muchos actos delictivos están relacionados a organizaciones criminales mayores. Los robos de celulares no se dan para una venta única, sino que se junta una gran cantidad de equipos móviles para venderlos a organizaciones de extorsionadores para ingresarlos a los penales o sacarlos fuera del país”, dijo Senmache a RPP.

Explicó que la emergencia comprenderá el apoyo de las Fuerzas Armadas a las labores de seguridad de la Policía y organizaciones de los gobiernos locales.

“Las Fuerzas Armadas podrán apoyar al trabajo de la Policía, que va a seguir teniendo la dirección de orden interno en el país”, detalló.

¿Cómo será la estrategia? Senmache respondió que esta medida se ejecutará a través de las unidades de Inteligencia que proporcionará información sobre los puntos en donde se vienen realizando actos delictivos.

“(En los operativos), vamos a sacar armas ilegales del mercado, que se utilizan para el sicariato. Vamos a atacar a aquellos mercados en donde se expenden equipos móviles de procedencia ilícita, sin necesidad de una resolución o autorización judicial”, precisó el funcionario.

SUSPENSIÓN. La declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao implica también la suspensión de algunos derechos ciudadanos como inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.

“Si la Policía tiene información de un delito o si prevé que (en esa casa) hay alguna reunión con fin delictivo, puede ingresar a ese domicilio”, acotó Dimitri Senmache.

Aseguró que todas las intervenciones serán de acuerdo a los parámetros de la ley y no se cometerán excesos ni abusos de autoridad.

“Si bien se suspenden ciertos derechos, eso no nos da la libertad de hacer lo que queramos con los ciudadanos. Se hará operativos con conocimiento e inteligencia”, añadió Senmache.

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CRÍTICAS. Consultado sobre el tema, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, dijo a Correo que la medida “carece de razonabilidad y proporcionalidad”.

“La inseguridad ciudadana ligada a robos al paso, asaltos a través de vehículos a ciudadanos o en centros comerciales no se combate declarando en emergencia, sino mediante prevención policial con planes de estrategia para combatir la delincuencia callejera”, dijo García Toma.

En esa línea, sostuvo que la medida del gobierno puede ser utilizada de manera perversa con fines políticos de persecución.

“Se trata de una medida efectista, porque días antes se hablaba de llevar a las Fuerzar Armadas para realizar un patrullaje junto a la Policía para buscar una situación de adhesión por parte de la ciudadanía”, indicó.

Por su parte, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga criticó que la declaratoria de emergencia implica que la Policía cede en su función de combatir la delincuencia

“Se está dando un mensaja perverso. Con la declaratoria de emergencia, la Policía resulta insuficiente para combatir la inseguridad ciudadana”, señaló Quiroga.

Remarcó que la inseguridad ciudadana no es una tarea de las Fuerzas Armadas, que, según la Constitución, está facultada para la defensa del territorio nacional, desastres naturales y no para temas policiacos. “Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para combatir la inseguridad del día a día”, añadió Quiroga.

En tanto, el exdirector general de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, indicó que la declaratoria de emergencia debe estar acompañada de una evaluación de medición de cada semana durante los 45 días que dure esta medida. “La medida debe precisar cuántos vehículos y efectivos militares rondarán las calles como apoyo a la Policía, de lo contrario será algo declaratorio. Al ser 45 días, esta disposición del gobierno debe incluir también una medición de resultados por semana de cómo se va implementado esta medida”, dijo.

Para el exviceministro del Interior, Dardo López-Dolz, la declaratoria de emergencia del Gobierno es una medida que pone en peligro a la población y soldados de las Fuerzas Armadas.

“Tenemos varios riesgos, entre ellos, que los soldados solo estén parados y que posiblemente los delincuentes los vean como una fuente de armas y los puedan asaltar”, manifestó a Correo.

Sostuvo que al ser los soldados quienes resguardarían la seguridad ciudadana, se podría generar algunos altercados por no contar con la preparación profesional que sí la tienen los miembros de la Policía Nacional.

De otro lado, opinó que dicha declaratoria podría servir de pretexto para que el Gobierno utilice a dicha institución para intervenir o perseguir a los políticos que son de oposición.

“Cuando un gobierno arroja dudas sobre su credencial democrática, ese tipo de medidas hace pensar que traerá una serie de riesgos y atropellos a la oposición. Es muy peligroso. Eso es muy delicado”, agregó López-Dolz.