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“Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable”. Estas palabras de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fueron el preludio de una de las informaciones que ayer remecieron el país: que la titular del Ministerio Público presentó -en el Congreso- una acusación constitucional contra el mandatario Pedro Castillo Terrones.
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“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno, con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas, organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones”, resaltó.
Durante un pronunciamiento, en el que estuvo acompañada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y el coronel PNP Harvey Colchado, Benavides añadió que dicha mafia la integran también los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda), así como Hugo Chávez Arévalo, exgerente general de Petroperú.
Agregó que en los casos denominados “MTC”, “Puente Tarata”, “Petroperú” y “Ministerio de Vivienda” hay sospechas fundadas de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
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PASA LA POSTA
La fiscal de la Nación agregó que la denuncia se sustenta por el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, el cobro de porcentajes en los proyectos ilegalmente obtenidos y “el uso ilícito de las facultades presidenciales”.
“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, resaltó Benavides.
Respecto a la convención, el constitucionalista Luciano López refirió que dicho documento, en su artículo 30.2, establece que los funcionarios que tienen inmunidad -como Castillo- no pueden utilizar esa prerrogativa y sobreponerse a las acciones de investigación, procesamiento y sanción.
En esa línea, Patricia Benavides habría mencionado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para insinuarle al Legislativo que suspenda a Castillo.
