La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, remitió un oficio a la presidenta de la República, Dina Boluarte, manifestando su preocupación por la exclusión del Ministerio Público en la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo con representantes de la minería artesanal, en el contexto de las protestas y bloqueos de carreteras registrados en distintas regiones del país.
A través del Oficio N.° 240-2025-MP-FN, Espinoza expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de no incluir al Ministerio Público en la mesa de trabajo con representantes del sector minero. Según indicó, tuvo conocimiento de la instalación de dicha mesa —programada para este lunes 14 de julio— a través de los medios de comunicación.
“Nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no ha sido convocado a esta mesa de trabajo. Esta decisión - al haberse convocado a otras entidades del sistema de justicia como el Poder Judicial-, representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular (...)”, se lee en dicho documento.
En ese contexto, Espinoza subrayó que, frente a las recientes y prolongadas protestas protagonizadas por mineros artesanales —quienes bloquearon carreteras en diversas regiones del país—, el Ministerio Público ha venido actuando conforme a sus competencias. Mencionó, como ejemplo, el caso del distrito de Chala, en Arequipa, donde se investiga la muerte de un taxista ocurrida durante los enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y manifestantes. Asimismo, destacó que en esta misma región se logró la detención preliminar de ocho personas vinculadas a los hechos.
Sobre ello, la fiscal de la Nación indicó que es fundamental enfrentar los desafíos que plantea la minería ilegal en el territorio nacional, debido a los graves impactos ambientales, sociales y económicos que esta actividad genera. En ese marco, resaltó el trabajo de los fiscales penales y de familia, quienes actúan con autonomía, perseverancia y objetividad, garantizando el respeto al derecho de defensa de las personas, y aplicando la ley y la Constitución.
“La formalización minera constituye un aspecto esencial de la política pública que incide en la prevención de la minería ilegal y otras actividades ilegales conexas como el crimen organizado, lavado de activo, trata de personas, corrupción, entre otros, lo que exige una respuesta articulada que incorpore desde su diseño el componente penal”, indicó.
En ese sentido, recordó que el Ministerio Público forma parte de la Comisión Multisectorial encargada de realizar el seguimiento al proceso de formalización minera, así como a las acciones orientadas a la erradicación de la minería ilegal. En ese sentido, subrayó que la participación de la Fiscalía en estos espacios es “constante y activa”.
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