La Junta de Fiscales Supremos es el órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público, entre sus tareas está la elección del fiscal de la Nación.
Y aunque debería estar conformada por integrantes intachables y sin cuestionamientos, lo cierto es que ocurre todo lo contrario.
De acuerdo con información revisada por Correo, los cinco integrantes de la Junta de Fiscales afrontan procesos en el Congreso por siete casos diferentes (ver infografía).
En total, los miembros acumulan 14 denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento.
LA PRIMERA
La integrante con más denuncias constitucionales, cinco en total, es Delia Espinoza, quien actualmente ocupa el cargo de fiscal de la Nación.
Hace unos días, la SAC aprobó un informe que declaraba procedente una denuncia que presentó la bancada de Renovación Popular.
El motivo: Habría favorecido al fiscal supremo Pablo Sánchez porque archivó una investigación contra él por supuestamente haber influido en la manipulación de audios relacionados al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.
La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.
El segundo caso es una denuncia que interpuso el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
El extitular del Interior acusa a Espinoza de solicitar la entrega de dispositivos y claves personales por una pesquisa que tiene en la Fiscalía, además, la denunció porque habría divulgado información reservada del caso a los medios de comunicación.
Esta denuncia fue admitida a trámite y está en investigación en la Subcomisión.
Otra denuncia contra Espinoza fue presentada por el congresista Jorge Luis Flores porque presuntamente habría excedido en sus funciones al solicitarle al Congreso la relación de las votaciones e investigar a 14 congresistas en el caso conocido como “Los Niños”.
La denuncia admitida a trámite en la Subcomisión es por el delito de abuso de autoridad, prevaricato y omisión de actos funcionales.
En la misma denuncia se incluye al fiscal supremo Juan Carlos Villena porque mediante una resolución, le otorgó a Espinoza más competencias para investigar a los congresistas.
En el caso de Villena es por infracción al artículo 159 de la Constitución.
EN GRUPO
Los fiscales supremos Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos también fueron denunciados en bloque por tres congresistas.
Se trata de una denuncia por no acatar la ley que otorga facultades de investigación preliminar a la Policía.
A ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones.
El caso ya está en investigación en la Subcomisión, específicamente, en la etapa de audiencias en que las partes son citadas.
Precisamente, ayer se desarrolló una sesión para recibir los descargos de los fiscales supremos, quienes enviaron oficios para informar que no podían asistir. Sin embargo, enviaron como representante a su abogado Samuel Abad.
Además, la sesión se desarrolló de manera reservada.
Por otro lado, los cuatro fiscales supremos antes mencionados afrontan otra denuncia por no ejecutar la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema.
La denuncia fue admitida a trámite por la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó la reposición de Patricia Benavides. Sin embargo, dicha medida nunca llegó a ejecutarse.
Antes de incorporarla, Espinoza presentó un recurso ante el Poder Judicial (PJ) a fin de suspender a Benavides y lo consiguió.
El PJ ordenó suspender a Benavides por 24 meses, medida que se dio en el marco de la investigación contra Benavides por presuntamente haber usado sus facultades como fiscal de la Nación para interferir y entorpecer pesquisas del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” para favorecer a José Luis Castillo Alva y sus allegados.
DOS MÁS
El fiscal supremo Pablo Sánchez tiene una denuncia constitucional solo a su nombre.
En julio de 2018, el entonces fiscal de la Nación, tuvo una presunta intervención irregular en una diligencia fiscal que se llevaba a cabo en las instalaciones del local del Instituto de Defensa Legal (IDL) para la incautación de documentos, en el contexto de la filtración y publicación de los “CNM Audios”.
La denuncia, que ya fue admitida a trámite, fue presentada por el congresista Alejandro Muñante por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.
Finalmente, está la denuncia constitucional que presentó en el pasado Patricia Benavides contra el reincorporado fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas.
A él se le sindica como presunto autor de la comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias por su condición de funcionario público.
Sobre este caso, la Subcomisión ya realizó el proceso de investigación.
Por ahora, está pendiente que el delegado presente el informe final.
En resumen, los fiscales supremos se encuentran en diferentes denuncias distribuidos de la siguiente manera: Delia Espinoza (5), Pablo Sánchez (3), Juan Carlos Villena (3), Zoraida Ávalos (2) y Tomás Gálvez Villegas (1).
ANÁLISIS
Para el penalista Fernando Silva, es una paradoja bastante dañina la situación relacionada al procedimiento de las denuncias constitucionales.
“La fiscal de la Nación denuncia a un juez supremo (Juan Carlos Checkley) que incluso podría atender un caso vinculado a ella, tienes a fiscales supremos investigados por congresistas y tienes a congresistas investigados por la Fiscalía”, indicó.
En diálogo con Correo, el abogado consideró que la inseguridad jurídica incrementó tras la crisis en el Ministerio Público, luego de ser tomada por un sector denominado “caviar”.
“Hay varios grupos ideológicos que pretenden tomar el control. Creo que debe haber alguna entidad, ya sea el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia, que debe reglamentar todo lo que está ocurriendo. No podemos tener congresistas pasibles de investigaciones que lejos de buscar el bienestar de las institución, están buscando eliminar a alguien que los puede perseguir”, indicó.
Consultado sobre el caso que podría tener más asidero, Silva se refirió a la no reposición de Patricia Benavides.
“Independientemente de que Benavides tenga una investigación, hubo un desacato a su reposición. Se deben acatar las normas como corresponden”, afirmó.
