Fiscales y Procuradores firman acuerdo en Panamá para fortalecer investigaciones de los casos Odebrecht y Petrobras

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y Extradiciones, Alonso Peña Cabrera y el fiscal del equipo especial que investiga el caso Lava Jato Sergio Jiménez, participaron en el Encuentro Internacional de Fiscales y Procuradores Generales realizado en Panamá el pasado 30 de octubre. 

El viaje de los fiscales peruanos se conoció a través de las normas legales del diario oficial El Peruano, el pasado 29 de octubre. Su estancia en la ciudad de Panamá se daría del 29 al 31 de octubre.

La cita estuvo integrada por magistrados de 10 países y se firmó una declaración para establecer herramientas de temas relacionados con las investigaciones en los casos Odebrecht y Petrobras. La suscripción de los acuerdos se instaló bajo la premisa de unir lazos para que la cooperación internacional se convierta en una herramienta eficaz que permita materializar la función conforme a la Constitución y la ley de cada país.

Los representantes de Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Portugal y Suiza firmaron la Declaración de Panamá, la cual se consagró bajo siete fundamentos entre los cuales, se acordó mantener un firme compromiso en la lucha contra la corrupción de servidores públicos y el blanqueo de capitales o lavado de activos.

Dentro de los acuerdos firmados por los magistrados se encuentra la necesidad de promover el uso de redes informales de cooperación internacional y compartir información espontánea, también resulta preciso -señalaron- conocer los mecanismos específicos de cooperación en cada territorio y trabajar con un punto de contacto en cada Ministerio Público.

Respecto a los delitos de corrupción y lavado de activos dada su prolongación en el tiempo, cantidad de personas involucradas, el uso de sistemas financieros, ubicación de pruebas en el extranjero, así como la necesidad de traducción de documentos, indicaron que se requiere de plazos razonables para desarrollar la investigación de forma que sean compatibles con la complejidad del asunto.

Definieron que es necesario fortalecer los mecanismos de recuperación de activos ilícitos y repatriación de estos en los casos que resulte posible, como una forma de combatir de manera efectiva e integral de los delitos de corrupción y lavado de activos.

Además, señalaron que es importante el apoyo de la sociedad civil a las labores de persecución penal que realizan los Ministerios Públicos, pues esta se realiza en beneficio de la colectividad.

Precisaron que resulta relevante que las investigaciones de naturaleza penal se puedan desarrollar en un ambiente que garantice la autonomía de los Ministerios Públicos, es decir, libre de presiones o influencias externas.