Fiscalía aún no remite acuerdo con Odebrecht al Poder Judicial
Fiscalía aún no remite acuerdo con Odebrecht al Poder Judicial

A un mes de la firma del acuerdo entre la Procuraduría Ad Hoc, el Ministerio Público y la empresa , aún no se ha cumplido con presentar el documento para su homologación (certificación) ante el Poder Judicial. Esta situación ha llamado la atención en medio de un contexto en el que se ha reprogramado para abril próximo el interrogatorio a Jorge Barata, exrepresentante de la constructora en el Perú.

Este escenario puede generar interrogantes sobre el éxito que puede llegar a tener el Equipo Especial para sustentar las pruebas que están aportando en las investigaciones por casos de corrupción en nuestro país, ya que -como es de conocimiento público- dicho acuerdo aún no ha sido presentado ante la jueza María de los Ángeles Álvarez.

REUNIÓN

Cuando el pasado 15 de febrero se firmó el documento con la transnacional brasileña, esta se comprometió a colaborar y brindar toda la información referida al esquema de sobornos a funcionarios públicos, empresarios y políticos.

Ese día, en la sede del consulado peruano de Sao Paulo, participaron el fiscal , así como el procurador ad hoc del caso Odebrecht, Jorge Ramírez. Por el lado de la constructora, estuvieron presentes sus representantes legales, además de Jorge Barata, exrepresentante de la firma en nuestro país.

COMPROMISOS

En el acuerdo, Odebrecht admite su responsabilidad en actos de corrupción en los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, tramo 2 y 3; Carretera Interoceánica, tramos 2 y 3; Vía de Evitamiento en el Cusco y la Costa Verde del Callao, y se compromete al pago de una reparación civil de S/610 millones. Dicha cifra podría aumentar de acuerdo con el avance de los procesos e investigaciones del caso “Lava Jato”.

A cambio, la Fiscalía se compromete a no usar la información que entreguen en su contra, a levantar la inhabilitación para participar en licitaciones con el Estado y a excluirla de la Ley 30737, aprobada por el Congreso, con el fin de permitir que recupere su operatividad comercial.

Odebrecht incluyó también la entrega de información contenida en los softwares MyWebday y Drousys, método utilizado por Odebrecht para “solicitar, procesar, pagar y controlar todas las operaciones” del área que dirigía: Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE).

Cabe recordar que luego de la firma en Sao Paulo, los fiscales del Equipo Especial Rafael Vela y José Domingo Pérez debían participar en las diligencias programadas en Curitiba del 18 al 22 de febrero pasado.

Concluido el primer día de interrogatorios a Luis De Castro Santos y Marcos Grillo, los fiscales Vela y Pérez retornaron a nuestro país.

El primero alegó motivos personales y el segundo -se dijo- retornó para avanzar y presentar el acuerdo de colaboración ante la jueza Álvarez; sin embargo, dicha gestión, al parecer, no se ha hecho efectiva hasta el momento.

CARGA

Aunque se especulan diversas versiones, desde el Ministerio Público fuentes ligadas al Equipo Especial indicaron a este diario que el fiscal José Domingo Pérez y todos los integrantes que participan en las diversas investigaciones que lleva a cuestas su despacho agotan el esfuerzo con la finalidad de concluir con la parte logística.

Se trata de más de 300 tomos que deben ser foliados (en números y letras) y por duplicado; en dicha labor, está abocado todo el personal para culminar con esa tarea, que en total se realizaría en 600 tomos.

Asimismo, las fuentes indicaron que el personal que labora con el fiscal Pérez está soportando gran carga procesal, pues recientemente se está trabajando en el caso del prófugo empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu.

Los voceros indicaron que, para la realización de estas tareas, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, designó a un grupo de personas que laboran en su despacho, pues lo que se estima -al ritmo en el que se avanza- es que la próxima semana, entre el jueves o viernes, se concluya con este procedimiento.

Otra de las versiones que surgieron fue que el exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, no quiso declarar en marzo debido a que aún el Poder Judicial no había decidido certificar el acuerdo.

Respecto de esta versión, desde la Fiscalía refirieron que cuando la empresa y sus representantes se reunieron en Sao Paulo, estuvieron de acuerdo con los puntos que presentaron las autoridades peruanas. “No creo que esa sea la razón. Hay mucha especulación con este tema”, puntualizaron las fuentes.

NO VA

¿Pero cuáles serían los motivos para que la jueza Álvarez no acepte homologar el acuerdo?

Pues bien, principalmente si la magistrada considera que lo aportado por la Fiscalía no es suficiente para corroborar la delación (colaboración eficaz).

Otro punto sería que no fuera oportuna la delación, porque ya existan otros medios de prueba, pues siempre se verifica la oportunidad y utilidad de la versión del colaborador.

El otro aspecto sería el tema de la proporcionalidad de la pena, es decir, si por lo aportado merece o no la rebaja o la exención de pena. Finalmente, el tema de la reparación civil, si es acorde el pago o no.

INTERPELACIÓN

En tanto, con 58 votos a favor, 24 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, a fin de que responda por los términos del acuerdo de colaboración suscrito con la constructora y por favorecerla, presuntamente, mediante el proyecto 30737.

A su turno, Víctor Andrés García Belaunde (AP) cuestionó a los parlamentarios que evitaron la presencia de Zeballos en el Congreso. “¿Cuál es el problema en que el ministro venga? Si los señores oficialistas aquí presentes creen que el contrato o el convenio es estupendo, ¿por qué no viene a defenderlo el ministro?”, refutó.

Asimismo, recordó que en enero del 2018 el procurador Ramírez indicó que la reparación civil ascendía a más de S/3 mil millones y que el entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi, señaló que la reparación era de S/5 mil millones. “Han firmado por 610 millones”, comentó.

SE DEFIENDE

Por su parte, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, tendrá que acudir al Congreso el próximo 21 de marzo a las 9 a.m. para responder acerca de los cuestionamientos.

“Esto me da la oportunidad de explicar el rol o participación del Ministerio de Justicia y del Gobierno en general en lo que respecta al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht”, precisó en TV Perú.

Además, explicó que los fiscales del Equipo “Lava Jato” y el procurador ad hoc Jorge Ramírez, quienes impulsaron y firmaron el convenio, son autónomos en sus decisiones. “Aquí no tiene mayor incidencia el Ejecutivo o el Ministerio de Justicia”, acotó Zeballos.

Sin embargo, las declaraciones del presidente Martín Vizcarra parecen encender más la hoguera. El Mandatario cuestionó el monto de reparación. “La reparación civil se habrá hecho con un cálculo en función de los parámetros. Yo creo que debería ser mayor. Si me piden una opinión personal, debería ser mayor; pero tengo que respetar las instancias de Poderes”, expresó.

Durante una actividad en un institución educativa en el Cercado de Lima, el jefe de Estado sostuvo que el Ministerio Público fijó una estrategia para luchar contra la corrupción.

“Para determinar a los responsables de esta gran corrupción, nosotros tenemos que respetar. Yo en algunos temas puntuales puedo discrepar y siempre he dicho que debería ser mayor”, resaltó.

MÁS DATOS:

- 610 millones de soles de reparación al Estado establece el acuerdo de colaboración con Odebrecht.

- Víctor García Belaunde: “Si los señores oficialistas aquí presentes creen que el contrato o convenio es estupendo, ¿por qué no viene a defenderlo el ministro?”. 

- PLANES. Acuerdo iba a ser presentado a finales de febrero, pero ello no se concretó.

- EXPECTATIVA. Interrogatorio será en abril. Los fiscales del Equipo Especial “Lava Jato” han reprogramado la fecha de interrogatorio del exdirectivo de Odebrecht en Perú. Antes se tenía entre los días 12 y 15 de marzo como la fecha prevista, sin embargo, ahora se conoce que declarará entre el 22 y 26 de abril. La medida fue adoptada por razones de estrategia y porque aún no reciben por cooperación judicial testimonios desde Brasil.