A través de redes sociales, el vocero principal del Ministerio Público, Víctor Cubas, señaló que los congresistas de denunciados promovieron una iniciativa que beneficiaba a pensionistas de las fuerzas de seguridad, pese de tener vínculos personales con dichas instituciones, esto podría haber comprometido su objetividad.
En un video difundido en X, Cubas dijo que los legisladores involucrados, no debieron impulsar este proyecto, pues muchos de los cuales son pensionistas de las Fuerzas Armadas y la PNP, la cual determina un conflicto de intereses.
“La Fiscalía considera que hubo un conflicto de intereses claro al considerar que los miembros de la Comisión de Defensa no debieron haber promovido un proyecto que, de manera directa, beneficiaba a sus propios intereses como pensionistas”, sostuvo Cubas.
No obstante, en el debate, los congresistas presentaron una fórmula sustitutoria que modificaba el alcance del proyecto, ampliando los beneficios a otros cesantes y jubilados, asimismo, también a aquellos que se desempeñaban como funcionarios de elección popular.
“En el seno se presentó un proyecto de ley que autorizara la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional parta que presten servicios en la tareas de seguridad ciudadana, estando en debate este proyecto, los miembros denunciados presentaron un proyecto sustitutorio”, afirmó Víctor Cubas.
Cabe mencionar que los parlamentarios denunciados forman parte de la Comisión de Defensa del Congreso y son los siguientes: José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez.
Además, Cuba indicó que dicha denuncia no busca limitar los derechos parlamentarios ni atacar la inmunidad de los legisladores, sino generar un debate claro respecto a si existió un indebido uso de los cargos públicos.
“Debe haber un claro debate por el uso indebido del cargo, porque consideramos que la lucha contra la corrupción y contra el conflicto de intereses es esencial en una sociedad democrática”, concluyó Cuba.
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