​Fiscalía deja sin casa a Ollanta Humala y Nadine Heredia

No todo es felicidad para la ex “pareja presidencial”, formada por Ollanta Humala y Nadine Heredia, tras salir de prisión. Y es que el Poder Judicial ordenó, a pedido de la Fiscalía, la incautación de bienes, inmuebles y cuentas bancarias, disposición que fue cumplida ayer en coordinación con la Policía Nacional.

El juez Richard Concepción Carhuancho resolvió, a pedido del fiscal de lavado de activos Germán Juárez, que se incauten 5 inmuebles, 5 vehículos y que inmovilicen las cuentas bancarias de Nadine Heredia, sus dos hijas, su madre, Antonia Alarcón, y su amiga Rocío Calderón.

Todas ellas son investigadas por supuestos aportes de Venezuela y Brasil al Partido Nacionalista en las campañas de Ollanta Humala en el 2006 y 2011.

“Ordeno la desposesión de los referidos bienes, inmuebles y vehículos mencionados (...) a efectos de que sean administrados por Pronabi”, señala la resolución judicial.

La solicitud del fiscal Juárez fue formulada el 11 de abril; sin embargo, el juez Concepción Carhuancho resolvió el 27 de abril. La Fiscalía notificó a los Humala-Heredia el 4 de mayo último sobre la disposición por ejecutarse.

La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Germán Juárez, requirió la medida restrictiva contra los investigados porque, de acuerdo con su hipótesis, las compras de los inmuebles, vehículos y aperturas de cuentas bancarias se habrían generado con dinero de procedencia ilícita cuyo origen hasta la fecha los investigados no habrían logrado esclarecer.

De esta forma, tanto los Humala-Heredia como Antonia Alarcón y Rocío Calderón fueron conminados a abandonar sus viviendas.

DILIGENCIAS

En ese momento, le informaron que debía abandonar su vivienda junto con su familia. Humala se mostró en todo momento colaborador, pero su esposa estaba comprensiblemente incómoda.

Este inmueble -indicaron las fuentes- pasó a poder del Programa de Bienes Incautados (Pronabi). Dicha institución se encargaría de preservar y cautelar la vivienda de la ex “pareja presidencial”.

Más tarde hicieron su aparición los abogados César Nakazaki, Wilfredo Pedraza y Julio Espinoza.

Nakazaki sostuvo que la medida dictada por el juez Concepción Carhuancho es “una venganza” debido a la recusación que Humala y Heredia presentaron en su contra.

La Fiscalía no solo procedió a incautar el inmueble en Surco de los Humala-Heredia. De manera paralela, se realizó la incautación de inmuebles en Lurín, La Molina y La Victoria, pertenecientes a Antonia Alarcón y Rocío Calderón, como también la de sus vehículos y cuentas bancarias.

Asimismo, a la empresa Todo Graph se incautó tres cuentas bancarias y al Partido Nacionalista un vehículo y dos cuentas bancarias.

INHIBICIÓN

El exjefe de Estado denunció una persecución política y pidió al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación que revisen sus casos.

Explicó que el juez Concepción Carhuancho cometió un atropello al incautar su vivienda. “Este juez debió inhibirse de pronunciarse sobre el pedido de la Fiscalía porque tiene una recusación en su contra”, indicó.

Dijo además que estaba dispuesto a pagar un alquiler con la única intención de no abandonar su inmueble.

“Nosotros hemos decidido afrontar el proceso sin escaparnos. Pedimos a las autoridades que revisen nuestro caso. No queremos abandonar nuestra casa, no tenemos otra. Es más, estamos dispuestos a pagar un alquiler”, sostuvo Humala.

Por su parte, Nadine Heredia señaló que se han vulnerado sus derechos como personas.

Por la mañana también llegó a la casa del exmandatario su padre, don Isaac Humala, y su madre, Elena Tasso.

Al promediar las 7 y 30 de la noche, la madre de Nadine Heredia, Antonia Alarcón, abandonó la vivienda de su hija. Más tarde, los esposos Humala-Heredia procedieron a retirar sus pertenencias. Al cierre de esta edición, pasadas las 10 de la noche, la pareja se disponía a abandonar su casa en la calle Castrat, en Surco.

VENEZUELA

Asimismo, para maquillar las remesas, el gobierno venezolano habría constituido la empresa Kaysamak a fin de canalizar los envíos. Para este proceso se contó con la colaboración de Antonia Alarcón y Rocío Calderón, de acuerdo con la hipótesis que se maneja.

La Fiscalía sostiene además que personas de confianza de Hugo Chávez, como agregados militares y diplomáticos, eran quienes transportaban el dinero haciendo entregas directas a Nadine.

Estas entregas habrían permitido que el Partido Nacionalista participe en las elecciones del 2006 con el partido Unión Por el Perú (UPP). La Fiscalía precisa que las investigadas Alarcón y Calderón tenían en sus cuentas movimientos provenientes de la empresa Kaysamak en un 99%, y que estos envíos habrían sido para Nadine Heredia en su totalidad.

La Fiscalía sostiene que el colaborador eficaz 03-2015 señaló que la ex “pareja presidencial” habría recibido 3 millones de dólares de la empresa constructora Odebrecht.

Este monto, indicó el colaborador, era proveniente de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas (contabilidad paralela).

Según refiere la Fiscalía, en el 2008 Ollanta Humala, Nadine Heredia y Rocío Calderón se contactan con directivos de la empresa OAS Valfredo de Asis y Wanderlais Moura, este último expareja de Calderón.

Este contacto se realiza para ver temas referentes a su campaña del 2011. Así las cosas, OAS ofreció 10 mil dólares mensuales, lo cual se concreta a través de unos recibos que eran emitidos por Calderón. Ella entregaba el íntegro del dinero a Nadine Heredia.

DESACUERDO

“Me parece una exageración si los inmuebles ya tienen un embargo anotado en los Registros Públicos y ya tienen, con eso, garantizado el pago de la reparación civil. En caso de que fueran condenados, no tiene mucho sentido hacer una incautación”, expresó el jurista Ántero Flores-Aráoz.

De acuerdo con el penalista Mario Amoretti, esta medida es arbitraria. “Ya se dispuso, oportunamente, el embargo de sus bienes a pedido del Ministerio Público”, señaló.

La medida de desalojo de la casa donde viven Humala y su esposa le parece absurda. “Según mi larga experiencia como abogado, esto nunca ha sucedido en el país. Es la primera vez que ocurre un caso como este. La incautación se hace al término del proceso”, anotó.