La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo, varios congresistas y exministros, acusándolos de integrar una organización criminal que habría operado desde el Poder Ejecutivo.
Según el Ministerio Público, el grupo habría negociado apoyo político en el Legislativo a cambio de controlar contrataciones públicas y nombramientos estratégicos.
La denuncia, emitida por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, incluye los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
De acuerdo con la Fiscalía, Castillo habría liderado esta red, cuyo objetivo era asegurar respaldo congresal mediante la asignación de obras públicas y cargos en instituciones estatales.
Involucrados en la denuncia
La acusación abarca a 13 congresistas de Acción Popular, identificados como “Los Niños”, señalados por organización criminal y tráfico de influencias.
Entre ellos figuran Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero y Carlos Zeballos. También están mencionados Karol Paredes y Carlos Alva, por los mismos delitos.
Asimismo, la denuncia incluye a nueve parlamentarios de Perú Libre - Bloque Magisterial: German Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza, acusados de organización criminal y tráfico de influencias.
Exministros señalados
Tres exministros del gobierno de Castillo fueron denunciados. Juan Francisco Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, enfrenta cargos por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Jorge Luis Prado, exministro de Producción, es acusado de organización criminal y negociación incompatible, mientras que Betssy Chávez, extitular de Trabajo, figura por negociación incompatible.
Según la Fiscalía, estos exfuncionarios habrían facilitado contratos y designaciones como parte del presunto esquema de intercambio de favores políticos.
La investigación señala que la red operó en ministerios como Transportes, Vivienda y Producción, así como en instituciones como Migraciones, la Policía Nacional y la Empresa Nacional de Puertos.
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