Fiscalía realizó diligencia en oficinas de IDL-Reporteros por audios de CNM y PJ (FOTOS y VIDEOS)

El Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto, Rodrigo Rurush Castillo, y cuatro policías, realizó este mediodía una diligencia en las oficinas de IDL-Reporteros, en San Isidro, en el marco de las investigaciones que realiza por los audios que fueron difundidos por este portal periodístico y que revelan presuntas negociaciones (tráfico de influencias) entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

Esta acción se concreta dos días después que la Fiscalía anunciara, el domingo 8 de julio, el inicio de una investigación para determinar si hubo delitos en las conversaciones que involucran al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, al juez supremo César Hinostroza y tres miembros del CNM.

Al confirmar la apertura de las investigaciones, el Ministerio Público también había detallado que procedería a solicitar los audios que fueron dados a conocer por IDL-Reporteros en el transcurso del fin de semana. Por su parte, Gustavo Gorriti, director del medio, sostuvo que esta incautación linda peligrosamente con el abuso y con la violación a los principios más básicos de la libertad de información. "Esto es un atropello e indigno de un país y de una Fiscalía", señaló.

"No tenía la formalidad mínima del caso" 

Asimismo, el periodista aclaró que la presencia del fiscal en las oficinas de IDL-Reporteros no había sido anunciada. 

En ese sentido, precisó que el desarrollo de las diligencias se realizó sin ninguna orden o documentación, indicando que esta se suspendió por las irregularidades que presentó.

Añadió que se comunicó con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien le expresó su sorpresa por la medida. Además, sostuvo que el medio que dirige colaborará con las investigaciones del Ministerio Público, siempre y cuando no se ponga en peligro el principio de reserva de fuente. 

Por su parte, el abogado Carlos Rivera manifestó que la diligencia carecía de formalidad y aseveró que para llevar a cabo este tipo de disposiciones se necesitan órdenes y mandatos físicos y no puede ser una cuestión verbal. "Cuando se le ha requerido el contenido de la disposición, el fiscal no encontró nada", aseveró.