La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, inició diligencias preliminares para evaluar la posible ilegalización del partido País para Todos, en el que milita el cómico Carlos Álvarez, luego de acoger una denuncia por supuestas declaraciones antidemocráticas.
De prosperar, este proceso podría impedir la participación del grupo político en las elecciones del 2026.
La denuncia fue presentada por Javier Sulca Cáceres, exmilitante de Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.), organización declarada ilegal este año por la Corte Suprema por promover un discurso contrario al orden constitucional.
Sulca, condenado a 16 años de prisión por su participación en el Andahuaylazo (2005), alega que Álvarez habría incurrido en posturas similares a las de Antauro Humala, líder de A. N. T. A. U. R. O.
Según la disposición fiscal del 19 de marzo, a la que accedió Perú21, Sulca adjuntó en un USB discursos públicos de Álvarez en los que el humorista defendió la pena de muerte para violadores de menores, la expulsión de extranjeros, el rechazo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y críticas a indemnizaciones para presos terroristas.
Además, habría amenazado con “tomar la justicia por mano propia” si las autoridades no actuaban.
La fiscal Espinoza convocó a Álvarez para que brinde sus descargos el 2 de abril. Si el Ministerio Público halla fundamentos, presentaría una denuncia ante la Corte Suprema para que evalúe la disolución del partido, tal como ocurrió con A. N. T. A. U. R. O.
Sin embargo, analistas señalan que el caso difiere, ya que algunas posturas de País para Todos —como el debate sobre la pena de muerte— han sido respaldadas incluso por la presidenta Dina Boluarte, aunque dentro del marco legal.
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