La Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita sustentó la liberación de 16 ciudadanos detenidos durante un reciente operativo antidrogas en Ate, argumentando que las pruebas presentadas por la Policía Nacional no alcanzaban el umbral necesario para sustentar su detención preventiva.
El criterio fiscal se mantuvo pese al decomiso de un arma de fuego y presunta droga durante el procedimiento.
Según explicaron fuentes del Ministerio Público, el análisis del caso determinó que los elementos incautados no establecían una relación directa e individualizada con los detenidos.
El arma fue encontrada en un área común del edificio intervenido, sin que se pudiera demostrar posesión exclusiva por parte de alguno de los implicados.
La Fiscalía destacó que, de acuerdo al principio de presunción de inocencia y los estándares del debido proceso, las meras sospechas o circunstancias ambientales no constituyen fundamento suficiente para mantener la privación de libertad.
Solo cinco de los 21 detenidos inicialmente permanecen bajo investigación por presentar indicios más concretos de participación en actividades ilícitas.
Cuestionamiento al procedimiento
Desde el Ministerio Público se señaló que el operativo policial adoleció de fallas en su planeamiento y ejecución. Se criticó especialmente la falta de coordinación previa con fiscales, lo que habría permitido una mejor recolección y preservación de evidencia que pudiera sustentar las imputaciones.
Fuentes policiales, por su parte, defendieron la legalidad del procedimiento, insistiendo en que las circunstancias del operativo justificaban las detenciones. Sin embargo, reconocieron que corresponde al sistema judicial determinar la suficiencia probatoria para mantener restricciones a la libertad individual.
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