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La firma de las partes es lo único que falta para que el acuerdo de colaboración entre la empresa y las autoridades peruanas sea, por fin, una realidad. De hecho, el acto mismo de la respectiva suscripción sería, prácticamente, un simple trámite.

En efecto, fuentes del Ministerio Público confirmaron a Correo que ya se pactaron los términos de dicho convenio, mediante el cual la constructora -y sus exdirectivos- colaborarán con las investigaciones por las coimas que se pagaron en nuestro país, a cambio de la concesión de obras de infraestructura.

En las conversaciones participaron miembros del Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público, el procurador ad hoc para dicho caso, Jorge Ramírez Ramírez; el actual representante de la firma en el Perú, Mauricio Cruz Lopes; el director jurídico de la brasileña, Ricardo Luis Machado Weyll, y su apoderada legal, Lourdes Carreño Carcelén. Todos ellos se reunieron el último miércoles y ayer ultimaron algunos detalles vía telefónica.

Fuentes de la Fiscalía y de la Procuraduría refirieron que la firma del acuerdo se concretaría la próxima semana, luego de que todas las partes aprueben formalmente sus alcances.

Detallaron que este lunes 3 de diciembre se desarrollará una reunión en la que participarán Cruz y Carreño, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, el procurador Ramírez y su adjunta, Silvana Carrión Ordinola.

Ese día, los funcionarios peruanos presentarán un borrador del convenio, el que se elevará a las autoridades judiciales brasileñas para su visto bueno.

El tema de la reparación civil que Odebrecht deberá pagar al Estado peruano fue uno de los puntos que más se discutieron en las negociaciones. Aunque ayer no trascendió el monto exacto, se supo que este no llegaría a los 1500 millones de dólares que pedía la Procuraduría ad hoc.

Dicha indemnización correspondería a los proyectos Metro de Lima, la Carretera Interoceánica, la Costa Verde-Callao y la Vía de Evitamiento Cusco.

VENTA DE ACTIVO

Por su parte, el ministro de Justicia, adelantó que el Perú recibiría, por lo menos, 320 millones de dólares de la constructora brasileña, dinero producto de la venta, por parte de dicha empresa, de la hidroeléctrica de Chaglla, en Huánuco, la tercera más grande del Perú.

En una conferencia que ofreció a la prensa extranjera, el también congresista informó de la venta de esta planta, cuyo valor asciende a $1200 millones.

Explicó, no obstante, que dicho monto se reducirá a casi la mitad, pues el comprador -un consorcio liderado por la estatal China Three Gorges Corporation (CTG)- asumirá deudas tributarias, financieras y laborales de la hidroeléctrica.

En consecuencia, la compra en efectivo se había fijado en $618 millones, pero el titular de Justicia relató que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso que dicho monto se eleve en $20 millones más, lo que “al parecer se aceptó”.

Zeballos añadió que de los $640 millones finales, la mitad iría al Estado peruano, en concepto de reparación civil por los sobornos que la constructora admitió pagar entre los años 2005 y 2014.

APOYO CERRADO

Por otro lado, y en una coyuntura de enfrentamiento entre Vela Barba y el coordinador de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE), la Fuerza de Tarea “Lava Jato” del Ministerio Público Federal en Paraná, Brasil, hizo público su respaldo a la labor del primero, y le reiteró su confianza.

Mediante un comunicado colgado en su portal, sostuvo que diligencias como envío de documentos y toma de declaraciones se concretaron gracias al compromiso del Equipo Especial “que ha hecho, con éxito, constante interlocución con la empresa Odebrecht y con las autoridades brasileñas”.

“Según reiteradas manifestaciones de esta Fuerza de Trabajo, movimientos políticos no deben crear embarazos o interferir en la difícil misión de combatir la corrupción, sobre todo, cuando hay implicación de figuras políticas y autoridades públicas. Es importante blindar las investigaciones contra interferencias políticas, sobre todo, cuando está en curso la inminente firma de un acuerdo de lenidad que podrá develar importantes hechos vinculados a esta investigación transnacional”, remarca.

En la nota de prensa se reitera el apoyo y la confianza a Vela y se afirma, además, que algunas manifestaciones en Brasil se frustraron por “demoras en trámites burocráticos (...) de cooperación”, aunque estas ya fueron reprogramadas para enero del próximo año.