La expremier Betssy Chávez suma un nuevo pedido en su contra. La Fiscalía ha solicitado que se le dicte prisión preventiva por un plazo de 18 meses en el marco del juicio oral que enfrenta por presunta rebelión.
En dicho caso, podría ser condenada a veinte años de prisión en las próximas semanas, pues el proceso ha entrado en su fase de alegatos finales.
La audiencia fue agendada para este jueves 13 a las 9:00 a.m. Será el juez Juan Carlos Checkley el que evaluará, una vez más, si dispone la reclusión.
En detalle
La solicitud fue presentada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Dicha funcionaria lidera el despacho que tiene a su cargo el caso por el golpe de Estado: la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.
Dicha instancia fiscal busca que se varíe la comparecencia con restricciones que pesa actualmente sobre Chávez Chino y, en su lugar, se ordene su internamiento.
La primera de estas medidas coercitivas impuso reglas de conducta que la ex primera ministra ha venido “incumpliendo” en las últimas semanas.
La comparecencia se dictó el 3 de septiembre último, luego que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la ampliación de una prisión preventiva, dispuesta por Checkley el 27 de diciembre del 2024, que se inició en junio del 2023.
No cumplió reglas
El requerimiento fiscal, revisado por este Diario, destaca que Chávez no se presentó al control biométrico cada siete días, como lo establece la comparecencia.
Así, recoge el documento, la hoy asilada política no acudió a reportarse el 29 de septiembre, el 27 de octubre y el 3 de noviembre.
“No se presentó (…) dado que se encuentra asilada en la embajada de los Estados Unidos Mexicanos, demostrando, con ello, las reiteradas inasistencias injustificadas de la procesada”, se lee en el documento.
Además, tampoco cumplió con la “obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal, en la hora y fecha, (cuando) sea requerida para cualquier actuación del proceso”.
Todo ello quedó registro tras su ausencia injustificada a cuatro audiencias del juicio oral. En la última de ellas, no se presentó pese a ser requerida por la sala a cargo del proceso.
“(La acusada) tiene pleno conocimiento de la etapa procesal de juzgamiento en la que nos encontramos a la fecha, del cual se ha culminado con la etapa de actividad probatoria y, a pesar de ello, decidió no concurrir a las sesiones finales”, argumentó la fiscal Ávalos Rivera.
En ese marco, la Fiscalía remarca que “no se tiene información veraz y confiable de la ubicación de la citada procesada” pese a que es público que se encuentra en la residencia de la embajada de México en el Perú.
