La escandalosa omisión de registrar un reloj Rolex por parte de la presidenta Dina Boluarte en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas ha conducido a que la Fiscalía, la Contraloría y hasta la ciudadanía muestren reparos sobre la legalidad de esa adquisición.

La situación es comprometedora y abona a las sospechas la versión antojadiza de que es una compra “añeja” y la poca voluntad de Boluarte, de su abogado y del propio premier de aclarar el origen de la ostentosa joya.

Tanto es así que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, pidió ayer al premier Gustavo Adrianzén las boletas y comprobantes de pago a favor de la mandataria correspondientes al periodo de julio del 2021 a marzo del 2024, además de otros materiales que formalicen la compra de los relojes lucidos en diversas actividades presidenciales.

“Se solicita, además, fotografías y videos relacionados con 15 relojes, incluidos los de la marca Rolex, que fueron usados por la presidenta de la República en eventos protocolares”, solicitó el Ministerio Público a la PCM.

El pedido -como sabemos- forma parte de las investigaciones preliminares que el lunes, al final del día, inició Villena bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar la joya en documentos oficiales.

MARCHA ATRÁS. Además de lo de la solicitud fiscal, el panorama de Boluarte sufrió complicaciones tras el cambio de versión que, sobre el tema, tuvo el contralor Nelson Shack.

Apenas el lunes había intentado bajarle el tono al caso tras asegurar que los funcionarios no estaban obligados a detallar información sobre relojes de alta gama, salvo que sean vehículo motorizados.

“En general, los códigos de ética establecen que tenemos que declarar nuestro patrimonio, no está la declaración de cada bien, cada reloj, cada regalo, en las declaraciones juradas no se declara el detalle del bien por bien, salvo que sean vehículos motorizados”, señaló ese día.

Sin embargo ayer, martes, afirmó que lo malinterpretaron y, que por el contrario, los servidores públicos sí estaban obligados a declarar todo su patrimonio.

“Parece que no se ha entendido bien la explicación rápida que había mencionado. Los funcionarios estamos obligados a declarar. ¿Las joyas son parte de nuestro patrimonio? Sí. ¿Tenemos que declararlas? Sí. Esta es una declaración que se hace al inicio (de la función pública) periódicamente y al cese de la función”.

¿Por qué cambio de versión Shack? Pues podría ser porque momentos antes de su rectificación, el Sindicato de la Contraloría desmintió su versión del lunes y fundamentó que, en efecto, si hay una obligación de declarar las joyas.

El sindicato aludió a la la directiva No.013-2015-CG/GPROD Presentación, procesamiento y Archivo de las Declaraciones Juradas de Ingresos (ver infografía), emitida durante la gestión de Fuad Khoury.

En efecto, el Anexo 2 numeral 3 de esa directiva sobre el Formato Único de Declaración Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas es muy clara en el espacio que deja para consignar bajo el ítem “pintura, joyas, objetos de arte, antiguedades de valores mayores a 2 UIT por rubro”.

Tras esa intervención del sindicato, Shack explicó que se debe transparentar el patrimonio “porque la información es usada luego para los procesos de fiscalización y determinar si existe o no un desbalance patrimonial”.

Finalmente, Shack concluyó que colaborará con las investigaciones que en adelante realice la Fiscalía sobre las materias que le compete a la institución.

en mala hora. En plena ronda de diálogos con las bancadas en busca del voto de confianza, el asunto del Rolex marcó la agenda del premier Adrianzén.

En defensa de Boluarte, apuntó primero a la Fiscalía.

“Debemos considerar que la presidenta de la República, si va a ser investigada, debe serlo por situaciones excepcionales”, señaló.

Y agregó: “Me sorprende la celeridad de la Fiscalía para iniciar diligencias preliminares”.

Luego, afirmó que hasta el momento no se ha detectado ningún tipo de desbalance en el patrimonio de la presidenta, con lo cual quedaría “zanjado el probable enriquecimiento ilícito”.

Luego enfatizó que no era necesario que los funcionarios públicos declaren sus joyas en una posición contraria a lo dicho por el contralor.

“Qué sentido podría haber tenido eso. Declarar los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales, ¿hasta dónde vamos a llegar?”, se preguntó.

Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 12 del reglamento de la Ley que regula la publicación de la las Declaraciones Juradas de Ingreso y de Bienes y Rentas de los funcionarios públicos, si la declaración es presentada con errores materiales o incompleta, se tendrá un plazo de 5 días útiles para subsanarla.

No obstante, una vez vencido dicho plazo sin que se haya subsanado, la rectificación se considerará no presentada. En el caso que se compruebe que la información es falsa, se remitirá el documento al procurador público para el inicio de la acción penal correspondiente.

CRECE LA OLA. Entre tanto, en el campo político la tormenta siguió creciendo. Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, emplazó a Boluarte a decir la verdad.

“Lo que debería hacer políticamente, la mejor respuesta que debería dar a todos los peruanos, es de dónde tiene el Rolex y finalmente con eso zanjar un problema insulso porque lo que importa ahora es que se sepa qué se tiene que hacer con la inseguridad”, opinó incómodo.

Alegría puso como ejemplo el Congreso y aseguró que están obligados a firmar un documento en el que se consignan las “joyas valiosas”. “Evidentemente un Rolex no es cualquier cosa”, sentenció.

Lo mismo opinó Alejandro Muñante (Renovación Popular) al considerar que es importante conocer el origen de esos bienes. “Son costosos. Es importante que pueda explicar ante la justicia de donde han provenido porque con el sueldo de un presidente no podría darse esos lujos”, aseveró.

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