La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso analizó tres denuncias constitucionales, entre ellas una contra el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler, la cual fue archivada.
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El grupo de trabajo dirigido por el congresista Jorge Montoya archivó el caso debido a que antes se declaró improcedente una denuncia en la que el exmandatario fue acusado por los mismos hechos que comprenden otras denuncias que están en su fase final acusatoria.
Así, se hizo alusión al principio de no procesar dos veces por los mismos hechos a una misma persona, salvo la presentación de nuevas pruebas y en un nuevo periodo legislativo anual.Congreso
La denuncia constitucional tiene que ver con la designación del secretario general del despacho presidencial en la gestión del expresidente Pedro Castillo, quien se habría reunido con Sagasti Hochhausler a fin de que los requisitos para ese cargo sean diferentes.
De acuerdo a la propuesta de informe de calificación, Sagasti también es acusado de ordenar, de forma inconstitucional, el pase al retiro de varios tenientes generales, como consecuencia de la designación del general César Cervantes Cárdenas como comandante general de la Policía Nacional.
Se trata de un caso comprendido en una denuncia anterior que se encuentra en su fase final.
Otras denuncias
También se archivó la denuncia interpuesta por la fiscal suprema Delia Espinoza contra Félix Chero, por su actuación como ministro de Justicia, a quien se le acusó de la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, falsedad genérica y otros.
Asimismo, se declaró inadmisible la denuncia constitucional contra Henry José Ávila Herrera por su actuación como miembro de la Junta Nacional de Justicia, por la posible comisión del delito de cohecho pasivo. No obstante, se aprobó otorgar un plazo de tres días hábiles a la parte denunciante para subsanar omisiones advertidas.
Finalmente fue enviada al archivo la denuncia constitucional interpuesta por el ciudadano Nolberto Alejandro Rubio Flores en contra de Imelda Tumialán Pinto, por su actuación como miembro de la Junta Nacional de Justicia debido a una supuesta infracción a la Constitución y haber cometido supuestamente delitos de abuso de autoridad, omisión y rehusamiento de actos funcionales.
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