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El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, consideró que el decreto de urgencia que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación a favor del Estado en casos de corrupción, está hecho casi con nombre propio.

"(Este decreto) es hecho probablemente por el estudio de abogados de Odebrecht o de los consorciados, esos estudios de abogados que tienen sus representantes en la PCM principalmente".

Asimismo, sostuvo que este decreto facilita para que todo siga igual con lo que se pierde una gran oportunidad para luchar contra la impunidad y la corrupción.

"Ella (Marisol Pérez Tello), la ministra de Justicia es la que recibirá las solicitudes de adquisición de los bienes y derechos que haya lugar entre las empresas corruptas. ¿Por qué ella, por qué el Ministerio de Justicia?, que tiene que ver Justicia y Derechos Humanos con corrupción, con negocios entregados por el Estado a través de la PCM o el Ministerio de Economía o de Transportes o de ProInversión (...), no me parece justo, no me parece exacto", remarcó García Belaúnde.