El diario Correo buscó a lo largo de la semana una entrevista con el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio. Sin embargo, luego de varias coordinaciones, el magistrado accedió a respondernos a través de un cuestionario que no permitió réplicas ni repreguntas. Por cuestiones de espacio, también debió ser objeto de edición.
El tema principal fue, obviamente, el largo episodio de la decisión de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Estas son sus respuestas.
En su último comunicado expusieron que la resolución que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación es parte de un ejercicio legítimo de la potestad de autotutela administrativa; es decir, las normas facultan a la JNJ a revisar sus decisiones. ¿Pero no estimaron el revuelo que el caso generaría y más tratándose de uno juzgado que involucra a Benavides?
La JNJ adopta sus decisiones con base en lo que dice la Constitución y las leyes, sin interesarnos en quién es la persona investigada, porque todos los administrados son iguales ante la ley. La anulación de la destitución de la señora Patricia Benavides fue una decisión tomada en respuesta a un pedido que planteó su defensa. Si esto generó revuelo mediático o político, no es por la decisión misma, sino por los intereses que puede tocar, y eso lleva a que algunos la quieran tergiversar. Dicho revuelo, sin embargo, no fue ni podía ser materia de análisis en el marco de una resolución estrictamente jurídica, pues las decisiones en derecho deben ser ajenas a cualquier presión externa, percepción subjetiva o impacto mediático. Atender tales reacciones implicaría desnaturalizar la función jurisdiccional o administrativa que debe regirse únicamente por los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Por ello, la Junta no delibera con base en el entorno político o social, sino conforme al expediente, la norma y el debido proceso.
Cuando la JNJ emitió la resolución que retrotraía la suspensión de Patricia Benavides y disponía que sea repuesta como fiscal de la Nación, era evidente que iba a causar un terremoto en la Fiscalía. ¿Anticiparon que no se iba a ejecutar?
Lo cierto es que cualquier decisión emitida por una autoridad competente debe cumplirse por todos los ciudadanos y autoridades, guste o no, más aún si el órgano que debe cumplirla es el que defiende la legalidad y los derechos humanos. Después podrá impugnarlas. Vivimos en un Estado de derecho y eso implica respetar lo que deciden las instituciones. Si no se cumplen esas decisiones, se pone en riesgo la legalidad y el buen funcionamiento del país. En tal sentido, no anticipamos que la decisión no se iba a ejecutar, porque no corresponde hacer suposiciones sobre eventuales desacatos, y porque rige el principio de buena fe en el cumplimiento de los actos administrativos. Además, las autoridades encargadas de acatar dichas resoluciones tienen un deber funcional que se presume legítimo, regular y conforme a la Constitución. Dudar de antemano de su ejecución sería tanto como socavar la confianza institucional en el orden democrático y en la eficacia de las decisiones adoptadas por órganos constitucionalmente autónomos.
Cuando solicitaron a la Policía que aplique la “fuerza pública” para restituir a Benavides, ¿qué esperaban que ocurriera? ¿Según su lectura, cuál debió ser el proceder de la PNP?
La Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 205, dice claramente que la Policía Nacional del Perú debe apoyar a la autoridad administrativa cuando se necesita ejecutar sus resoluciones. Esto es clave para que las decisiones no se queden en el papel y para que las instituciones puedan hacer valer su autoridad. Por ello, era razonable esperar que la Policía, como órgano encargado del cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden, actuara conforme a su deber legal, sin necesidad de requerimientos extraordinarios ni condicionamientos. Su intervención no es discrecional, sino obligatoria cuando se trata de dar eficacia a una resolución administrativa firme. Cualquier omisión, dilación o negativa a intervenir compromete no solo la legalidad del acto, sino también el principio de colaboración entre poderes y entidades del Estado. Recordemos que un día antes la Fiscalía de la Nación advirtió a la Policía Nacional que no debía apoyar la ejecución de la resolución porque era un acto ilegal.
Se ha presentado una denuncia formal en la JNJ contra Delia Espinoza (de Luis Miguel Caya), por no acatar la disposición de reponer a Benavides. ¿Esta será evaluada? ¿Cómo sería el proceso?
En cuanto a las denuncias que ingresan a la JNJ, todas siguen el camino que manda el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, esto es, una calificación, una fase de investigación preliminar, de instrucción y de decisión.
¿La JNJ ha perdido legitimidad, se ha resquebrajado institucionalmente? Porque el desacato de Espinoza puede repetirse.
La JNJ mantiene intacta su legitimidad. Lo que sí es preocupante es que no se cumpla una resolución válida, la cual ha sido reconocida por el Poder Judicial, tanto en la resolución que declaró improcedente el amparo de la señora Benavides por sustracción de la materia, como por la resolución en la que la suspenden como Fiscal de la Nación por 24 meses. Ambas resoluciones se sostienen en la nuestra. La resolución que la suspende no podría haberlo hecho sino considerara que nuestro mandato de reposición es válido. Por eso, su incumplimiento debilita el principio de autoridad y puede sentar un precedente peligroso. Aquí lo que está en juego es el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones que lo sostienen.
Dadas las declaraciones de Francisco Távara, hay un evidente conflicto entre él y el resto de los magistrados. ¿Cuál es el ambiente ahora dentro de la JNJ?
Respecto a las declaraciones del miembro Távara, no son ciertas y, sinceramente, son muy lamentables y cainitas. Las diferencias entre pares de un mismo colegiado deben resolverse internamente y con respeto. Hacerlas públicas solo daña la imagen de la institución. Además, él no asistió al informe oral ni debatió el pedido de nulidad. Si hubiera querido, pudo ir, opinar y votar en contra, con lo cual no se hubiera podido reponer a la señora Benavides. No sabemos qué motivaciones personales tuvo para no hacerlo, es decir, para impedir que hubiera unanimidad en la votación de los que estábamos habilitados por haber participado en el informe oral y permitir que se ordene su reposición. Y nos preocupa que tenga una denuncia por enriquecimiento ilícito en la Fiscalía de la Nación. En la JNJ los demás miembros trabajamos con respeto y profesionalismo. Resulta paradójico que quien eludió su responsabilidad funcional ahora se permita cuestionar públicamente una decisión adoptada conforme al debido proceso y difamar a los demás miembros. Pretender socavar el consenso institucional desde fuera del procedimiento solo evidencia una actitud inconsecuente y carente de rigor. En vez de asumir con hidalguía su inasistencia, opta por distorsionar los hechos, debilitando la autoridad moral que exige toda crítica válida.
¿Es cierto que Távara quedó descontento porque no fue nombrado presidente de la JNJ? ¿Tuvo posibilidades de ocupar ese cargo?
Esto se notó en la misma sesión y cuando se negó a firmar el acta en la que se eligió al presidente y vicepresidente de la JNJ. Yo fui elegido por mayoría de 6 a 1, en donde el único voto que obtuvo él, fue de él mismo. Fui propuesto por la miembro María Teresa Cabrera, ya que ocupé el primer lugar en el orden de mérito del concurso y por mi experiencia profesional. Luego, ella fue propuesta por otro miembro para vicepresidenta y también fue elegida por 6 a 1. Esta experiencia personal no ha podido superarla. Parece que tampoco superó el hecho de no haber sido designado por mi persona como representante de la Junta ante la Academia de la Magistratura, porque el miembro Víctor Chanduvi me expresó antes que él su deseo en ese sentido, razón por la cual lo designé a él, quien es doctor, a diferencia de Távara que no lo es. Pero todos los miembros del pleno tienen las mismas oportunidades de ser elegidos democráticamente, conforme a la ley y el reglamento. Todo se hizo de forma clara y legítima. Hay que saber perder. Su reiterada conducta obstruccionista evidencia una incomodidad personal que no ha sabido canalizar institucionalmente, afectando con ello el clima de trabajo colegiado. Insinuar irregularidades o motivaciones espurias sin fundamento, después de haber quedado en solitaria minoría, como él mismo lo dice en las sesiones del pleno, no solo denota falta de madurez democrática, sino una peligrosa tendencia a anteponer intereses personales al bien común. La legalidad se respeta, aunque no favorezca las aspiraciones individuales.
También circula la versión que usted y la magistrada María Teresa Cabrera manejan la JNJ, mientras que el resto acatan lo que ambos deciden. ¿Cómo contesta tales afirmaciones?
Esas afirmaciones son falsas. No es verdad que las decisiones de la JNJ dependan de una sola persona. Las decisiones se toman en conjunto, por mayoría o por unanimidad, y cada miembro vota con autonomía. Que el presidente firme y ejecute los acuerdos no significa que decida solo: eso está clarísimo en el Reglamento del Pleno. Quien afirma lo contrario, como el señor Távara, distorsiona deliberadamente el funcionamiento institucional para alimentar una narrativa personal carente de sustento. Resulta contradictorio que quien es parte del Pleno pretenda desconocer públicamente las reglas que lo rigen, como si no comprendiera —o no quisiera aceptar— la naturaleza colegiada de nuestras decisiones. Este tipo de declaraciones no solo desinforma, sino que socava irresponsablemente la legitimidad del órgano al que pertenece.
“La Policía nunca respondió”
Según Gino Ríos, para el uso de la fuerza, se envió el documento correspondiente a la Comandancia General de la PNP pero este no cumplió con atenderlo ni con responderlo. “Esto es preocupante, pues se trata de una comunicación oficial remitida por un órgano constitucional autónomo que exige una actuación inmediata”, aseveró.
Gino Ríos Patio
Presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Doctor en Derecho, Educación y Criminología.
Además, es maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales. Bachiller en Derecho y Abogado.
Amplia experiencia profesional en el sector público y privado, como asesor y consultor jurídico, en la enseñanza del Derecho y la gestión educativa en el campo jurídico.
Presidente de la Asociación Peruana de Criminología.
