Un grupo de gobernadores regionales y alcaldes provinciales asistieron ayer al despacho del congresista Luis Cordero Jon Tay para expresar que apoyan el proyecto de ley que el legislador impulsa para que sean reelegidos por un periodo adicional.
No obstante, Correo identificó que dos integrantes de ese grupo están implicados en investigaciones fiscales. Ellos son Koki Noriega, gobernador de Áncash y presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), y Luis Otsuka Salazar, gobernador de Madre de Dios.
Asimismo, hay otros siete gobernadores regionales bajo la lupa del Ministerio Público.
Casos
Sobre Koki Noriega Brito, gobernador de Áncash, pesa una investigación iniciada en 2022 por la presunta falsificación de declaración en un proceso administrativo.
La pesquisa empezó porque omitió información sobre la titularidad de una empresa en su Hoja de Vida. Según el Ministerio Público, esta declaración fue presentada de manera incorrecta para las Elecciones Regionales y Municipales de 2022, donde resultó electo.
Sobre otro que ayer visitó el Congreso la situación es similar. Luis Otsuka Salazar, gobernador de Madre de Dios, es investigado por presunto lavado de activos, debido al cobro de cupos a mineros ilegales. Adicionalmente, enfrenta otro proceso por delitos contra los bosques, ya que se le acusa de haber construido una carretera sin contar con el expediente técnico correspondiente y de haber infringido la intangibilidad de las áreas protegidas.
Pero ellos no son las únicas autoridades que tienen procesos fiscales.
Un nombre destacado en esta lista es el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien enfrenta al menos 12 investigaciones por presuntos delitos de corrupción de funcionarios y negociación incompatible.
Entre estas pesquisas, como es conocido, se encuentra una relacionada con contrabando y recepción aduanera agravada, ya que se le acusa de ingresar al país sin declarar dos relojes Rolex, cuyo valor oscila entre los 26 mil y los 20 mil dólares. La Fiscalía ha señalado que este caso forma parte de una ampliación de las investigaciones fiscales sobre las posibles conexiones entre el gobernador y la presidenta Dina Boluarte en el llamado Caso Rolex.
En esta lista también se encuentra el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, quien es investigado en al menos 30 procesos judiciales en los distritos fiscales de Junín, Selva y Pasco. De esas 30 indagaciones, 21 están relacionadas con presuntos actos de corrupción de funcionarios, según el portal Ojo Público.
Más implicados
Otro es César Acuña, gobernador regional de La Libertad. En 2019, el Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal y uso de documentos falsificados.
Las indagaciones sugieren que en 2016 intentó vender cuatro terrenos de la Universidad Señor de Sipán, por un valor de 33 millones de soles, como forma de pago por una deuda superior al millón de soles con la Universidad César Vallejo, utilizando documentos que parecen ser falsificados.
En 2022, el tercer despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro inició una pesquisa adicional a Acuña, a raíz de un audio filtrado de una reunión con congresistas, en el cual se escucha al líder de APP solicitarle a la expresidenta del Congreso, Lady Camones, que priorizara un proyecto de ley que, presuntamente, favorecería su candidatura a la gobernación de La Libertad.
Richard Hancco, gobernador de Puno, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta sobrevaloración en la compra de 21 retroexcavadoras, lo que ha levantado sospechas de irregularidades en su gestión.
En el caso del gobernador de San Martín, Walter Grundel, la situación no presenta cambios. La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Tarapoto inició una investigación por lavado de activos y negociación incompatible, en su contra.
El gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, también figura en esta lista. Ha sido involucrado en varios procesos judiciales y estuvo cumpliendo arresto domiciliario por un caso vinculado al direccionamiento de licitaciones que beneficiaba el tráfico de terrenos.
En Tumbes, el gobernador regional Manuel Gambini es parte de diversos procesos, entre ellos por presunto abuso de autoridad, omisión de funciones y negociación incompatible.
Estas situaciones ponen de manifiesto un patrón recurrente de acusaciones y procesos judiciales que salpican a varios gobernadores.
Cruces: “La reelección debe ser infinita”
El gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces, está a favor de la reelección de los gobernadores y alcaldes provinciales. Tras reunirse con el congresista Luis Cordero Jon Tay, la autoridad aseguró que “la reelección se debe dar, pero debe ser infinita”.
Agregó que su gestión ha mejorado y que a pesar de las críticas, especialmente de los medios de comunicación, “he logrado una aceptación bastante regular”.
