El Decreto de Urgencia N.º 006-2025 asigna más de 52 millones de soles para fortalecer los operativos de control y fiscalización en La Libertad, además de implementar sistemas de trazabilidad y monitoreo. FOTO: PRESIDENCIA
El Decreto de Urgencia N.º 006-2025 asigna más de 52 millones de soles para fortalecer los operativos de control y fiscalización en La Libertad, además de implementar sistemas de trazabilidad y monitoreo. FOTO: PRESIDENCIA

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aprobó el Decreto de Urgencia N.º 006-2025, con el fin de tomar medidas extraordinarias para enfrentar la minería ilegal en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Esta norma busca restablecer el principio de autoridad mediante acciones de control y fiscalización, especialmente en el transporte y comercialización de insumos químicos y explosivos utilizados en la minería ilegal.

El decreto autoriza una transferencia de más de 52 millones de soles, que serán destinados a fortalecer los operativos policiales, la instalación de puestos de control y la contratación de personal especializado en entidades como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Además, se implementarán sistemas de control como el GPS para el transporte de mercancías mineras, y se fortalecerán los mecanismos de trazabilidad del oro.

El Gobierno ha dispuesto también la creación de puestos de control en tres zonas clave de Pataz y la habilitación de rutas fiscales obligatorias para la circulación de insumos relacionados con la minería. Además, la revocación de inscripciones fraudulentas en el Registro de Inscripción de Operadores Mineros (REINFO) será automática en caso de irregularidades, y se implementará un sistema piloto para rastrear la comercialización del oro.

Entre otras medidas, el decreto establece sanciones estrictas, como multas y la suspensión de habilitaciones vehiculares para quienes incumplan los nuevos controles. Además, se reforzará el personal en el Ministerio Público y en las instituciones vinculadas a la lucha contra la minería ilegal hasta el 2025.

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