El Gobierno del Perú calificó de “inaceptable” la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida el 3 de setiembre, en la que solicita a las autoridades judiciales abstenerse de aplicar la ley que plantea una amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La medida busca evitar efectos jurídicos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
A través de un comunicado, la Presidencia de la República sostuvo que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano tiene un carácter subsidiario y complementario, por lo que no puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna.
Asimismo, reafirmó que el Perú es un país soberano y democrático, comprometido históricamente con el respeto a los derechos humanos.
El pronunciamiento recordó que Perú sufrió el embate del terrorismo que “pretendía subvertir el Estado de derecho y su democracia, lo cual generó un gran sufrimiento en nuestra población”. “Los derechos humanos de todos los peruanos fueron vilmente violados por los delincuentes terroristas, generándose una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana”, se señala.
En esa línea, advirtió que continuará evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano.
“El Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos”, se indica.
Cabe precisar que la Corte IDH, mediante una resolución de medidas urgentes del 24 de julio, requirió al Estado peruano suspender el trámite del proyecto de ley 7549/2023-CR.
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