:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/c745978e-f5d0-4b7d-a163-ce6e43128fad.png "Foto de Hugo Tuya Chávez")
Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República, el 7 de diciembre de 2022, hay un binomio que se ha vuelto una constante durante su gestión: la incesante escalada criminal y las declaraciones de emergencia que su gobierno dicta para, con escasa efectividad, combatir la delincuencia.
Y es que el Poder Ejecutivo, desde que Boluarte Zegarra ocupa el sillón de Pizarro, ha emitido por lo menos 32 decretos supremos para declarar –o prorrogar– la emergencia en distintos puntos del territorio nacional.
El rosario de estas normas comenzó apenas la jefa de Estado llegó al poder, pues en diciembre de 2022 se promulgaron seis de estas declaratorias; en 2023, cinco, en 2024, 15; y en lo que va de 2025 ya suman seis más.
La declaratoria de emergencia es una medida prevista en nuestra legislación para enfrentar situaciones de riesgo y salvaguardar la seguridad interna, la integridad de los ciudadanos y los bienes públicos y privados.
Está estipulada en el artículo 137 de la Constitución y suspende los derechos referidos a la libertad de reunión, de tránsito, de inviolabilidad de domicilio, así como la libertad y seguridad personal para facilitar el accionar policial.
INEFICAZ
Tal medida, por ejemplo, se ha empleado en Lima y Trujillo, pese a lo cual nuestra capital no deja de ser escenario habitual del accionar criminal traducido en sicariatos y extorsiones, entre otros delitos, que ponen en zozobra a la población.
El reciente asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, La Libertad, es otra muestra de la ineficacia de estas declaratorias, que no han logrado contener el desborde de la delincuencia en el país.
Pataz se encuentra en emergencia desde diciembre de 2023 y, un año y medio después, las bandas criminales vinculadas a la minería ilegal no solo continúan operando, sino que suman ya decenas de muertes.
En opinión de los exministros del Interior, Mariano González y Remigio Hernani, los estados de emergencia deben ser replanteados para obtener los resultados esperados en la lucha contra el crimen organizado, la minería ilegal y la delincuencia en general.
PROTESTAS
En diciembre de 2022, Boluarte firmó seis declaratorias de emergencia en Lima y diversas regiones, en respuesta a las protestas contra su gobierno.
El Decreto Supremo N° 139-2022-PCM impuso la medida en diversas provincias de Apurímac, el Decreto Supremo 141-2022-PCM hizo lo propio en la provincia de Ica y el Decreto Supremo 142-2022-PCM declaró dicho estado de excepción en el departamento de Arequipa.
Luego de las muertes durante las protestas se emitió el Decreto Supremo 143-2022-PCM, que dispuso el estado de emergencia por 30 días en todo el país, y el Decreto Supremo 144-2022-PCM, que estableció la inmovilización social obligatoria en el país. También se firmó el Decreto Supremo 140-2022-PCM, para la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
En enero de 2023 se emitió el Decreto Supremo 010-2023-PCM, que declaró por 30 días la emergencia en Amazonas, La Libertad y Tacna por actos de violencia y vandalismo.
Ese año también se promulgó el Decreto Supremo 138-2023-PCM para Loreto y el Decreto Supremo 139-2023-PCM para Pataz.
LIMA Y PATAZ
Frente al creciente accionar de las bandas criminales en Lima, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 105-2023-PCM en setiembre de 2023, que declaró el estado de excepción en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, así como en varios distritos de la provincia de Sullana, en el departamento de Piura.
En octubre de 2023 se publicó el Decreto Supremo 114-2023-PCM, que abarcó por 60 días los distritos de Cercado de Lima y Lince; así como el Decreto Supremo 025-2023-PCM que prorrogó por 60 días la medida en los departamentos de Amazonas y La Libertad.
En vista de que Pataz se ha convertido en una de las zonas más convulsionadas del país, entre diciembre de 2023 y mayo de este año el Gobierno amplió 13 veces la emergencia en la provincia, la última de las cuales se aprobó tras la masacre en dicha jurisdicción, lo que evidencia que ni la presencia policial ni el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) frenan a las bandas criminales.
El año pasado también se emitió el Decreto Supremo 085-2024-PCM y el Decreto Supremo 092-2024-PCM, que prorrogaron esta medida en la provincia de Virú, en La Libertad.
También se publicó el Decreto Supremo 104-2024-PCM y el Decreto Supremo 133-2024-PCM, que prorrogan la emergencia por 60 días en el Vraem. En todo 2024, asimismo, se promulgaron 15 declaratorias de régimen de excepción.
Durante el año 2025 se firmaron cinco normas para Lima Metropolitana y el Callao, así como otras jurisdicciones en todo el país.
CERO RESULTADOS
En opinión del exministro del Interior Mariano González, los estados de emergencia no han tenido los resultados esperados.
“Cualquier estado de excepción no puede dar ningún resultado si no es parte de un plan estratégico que comprenda un trabajo profundo de un sistema de inteligencia y de equipos operativos”, aseguró a Correo.
Consideró que el problema de la inseguridad ciudadana es transversal a todos los sectores y tiene componentes sociales, económicos y políticos que no se solucionan con medidas de esta naturaleza.
Agregó que se requiere de un trabajo articulado y permanente entre todos los sectores vinculados a seguridad y la administración de justicia.
“Es muy importante que cualquier medida de excepción sea parte de un plan dirigido desde el Gobierno y con participación de los entes del Estado y las instituciones autónomas. Además, necesitamos terminar con el enfrentamiento innecesario entre los poderes del Estado. Así no se puede trabajar”, resaltó.
DUREZA
Por su parte, Remigio Hernani, exministro del Interior, dijo que las declaratorias de emergencia deben comprender medidas más severas para que rindan resultados.
“Los estados de emergencia deben tener drasticidad. En Pataz se debe declarar no solo la emergencia, sino el estado de sitio y atacar a las bandas criminales”, dijo.
Asimismo, reclamó un mayor trabajo de inteligencia para identificar a las bandas criminales y a sus cabecillas, para contrarrestarlos.
“No se trata solo de dar estados de emergencia, que hoy sirve para que la Policía pueda detener a personas y allanar domicilios sin pedirle autorización al fiscal o al juez. Así no se asusta a los delincuentes, que se ríen del estado de emergencia”, subrayó.
