Gobierno en evidencia: Forzó observaciones sobre ley de detención preliminar

Las decisiones de la presidenta Dina Boluarte y de sus ministros los vienen exponiendo cada vez más y evidenciando que más que gobernar para el país, lo hacen para sus propios intereses.

Lo más reciente es la controversia en torno a la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, que ha sido un mecanismo eficaz para acorralar a bandas criminales.

Diversas acciones sugieren que la mandataria y su círculo habrían buscado obstaculizar la justicia y favorecer a los implicados de casos que los comprometen, como Qali Warma y Los Waykis en la Sombra.

SECUENCIA

Lo primero que ha sucedido es que el Gobierno tardó en definir el destino de dicha norma y transcurrió un mes para pronunciarse desde que fue aprobada por el Congreso. Luego, se habría forzado a funcionarios a que recomienden que se observe la ley y, finalmente, se justificó la observancia con argumentos endebles.

Es importante indicar que el Ejecutivo no trata con la misma vara a todas las autógrafas. Por ejemplo a diferencia del reciente caso, la Ley No. 32181, que elimina las detenciones preliminares, fue promulgada en tiempo récord.

En el caso de la autógrafa que corrige ese error, en cambio, se conoció que el 17 de diciembre de 2024, Magaly Villafuerte, la secretaria del Consejo de Ministros, solicitó al ministro Juan José Santiváñez (Interior) que opine sobre dicha autógrafa congresal.

No obstante, Luisa Herminia Cueva, directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica, respondió mediante un informe técnico que el Mininter no tenía competencia para opinar sobre el caso, y pidió que dicha solicitud sea enviada al Ministerio de Justicia.

No se corroboró pero todo parece indicar que el Minjusdh se habría opuesto a observar la ley.

Esto fue advertido por el periodista Paolo Benza, en su programa #La Contra.

Justo el 6 de enero, el penalista Carlos Caro, abogado de Santiváñez, hizo una publicación en “X” en el que indicaba que restituir dicha autógrafa iba en contra de la intimidad del delincuente investigado.

Fue entonces que el 7 de enero de 2025, Luisa Herminia Cueva emitió un nuevo informe contradiciendo al primero y en el nuevo contenido citaron la publicación de Carlos Caro como argumento para, esta vez, considerar inviable la norma.

El 8 de enero, el secretario general del Mininter, Anatoly Bedriñana, envió a la secretaria del Consejo de Ministros, Magaly Villafuerte, el nuevo informe. Luego del hecho, el ministro del Interior informó que su despacho procedió a objetar la norma, no obstante, omitió decir que se forzó dicha opinión técnica.

“Lo que sí quiero adelantar es que el Ministerio del Interior, o la oficina técnica del Ministerio del Interior, sí ha procedido a efectuar objeciones al marco de la norma”, afirmó el último viernes.

Explicó que “son observaciones técnicas proponiendo una reformulación para que pueda perfeccionarse la norma”.

Insistió Santiváñez en que “han sido observaciones absolutamente técnicas, válidas, dentro de un marco jurídico”.

Dejó claro que la redacción, tal como está formulada, contradice el marco jurídico.

FUNDAMENTOS

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, en el que se analiza la observación a la ley sobre detención preliminar en casos de no flagrancia, el Ejecutivo sostiene que el Congreso introduce cambios mínimos que no abordan los problemas de fondo.

Según el Ejecutivo, en lugar de una reflexión profunda sobre los requisitos y objetivos de la detención preliminar, la autógrafa se limita a reemplazar términos como “razonables plausibles” por “elementos razonables” e “indicios razonables”, sin que esto garantice una mejor aplicación de la norma.

El Gobierno argumentó que la falta de un cambio sustancial en la regulación de la detención preliminar no asegura su correcta aplicación y advierte sobre el riesgo de vulnerar el derecho fundamental a la libertad.

Asimismo, expresa su preocupación por el posible uso abusivo de la detención preliminar señalando que podría convertirse en un mecanismo para criminalizar conductas como la protesta social, tal como ha advertido la Defensoría del Pueblo.

Otro de los fundamentos del Ejecutivo es la ausencia de una definición clara del propósito de la detención preliminar judicial que la distinga de la prisión preventiva.

Ante ello, insiste en que la autógrafa no establece esta diferenciación, lo que podría derivar en un uso inadecuado de la medida.

Finalmente, el Gobierno sugiere que la ley debe definir requisitos de procedencia coherentes y subraya la necesidad de analizar si todos los requisitos actuales son esenciales para determinar en qué momento se puede solicitar la detención y cómo esta se relaciona con la realización de diligencias judiciales.

CUESTIONAMIENTO

Al respecto, el penalista Vladimir Padilla señaló que dicha norma no tiene base sólida para oponerse a la autógrafa y que fue un pretexto para alargar la decisión presidencial de promulgarla u observarla.

En diálogo con este Diario afirmó que quien quedó pintado en toda esta trama es el ministro Eduardo Arana (Justicia) porque el Gobierno debió solicitarle la opinión a este y no al de Interior.

“Se han salteado al ministro de Justicia. Si la presidenta quiso hacer las cosas bien debió haber hecho la consulta al ministro de Justicia. El Minjusdh tiene una oficina especializada en seguimiento del nuevo Código Procesal Penal”, manifestó.

Sugirió a Arana renunciar a su cargo.

De la misma opinión fue el constitucionalista Víctor García Toma.

De otro lado, Padilla sostuvo que la observación no tiene pies ni cabeza porque la detención preliminar no es una medida que se asemeje a la prisión preventiva, dado a que son distintas y tienen diferentes plazos.

Añadió que “queda claro que este Gobierno no quiere que exista una detención preliminar y así beneficiar a los investigados de casos como Qali Warma y la red de prostitución congresal”.

“Hay casos que pueden derivar en prisión preventiva sin detención preliminar o viceversa. Es absurdo lo que argumenta el Ejecutivo porque son medidas diferentes, es incoherente”, aseveró.