Al margen de los temas propuestos por el Poder Ejecutivo, los gremios de mineros informales apuestan por una agenda que incluye demandas como la revisión de la exclusión de más de 50 mil registros del proceso de formalización, la eliminación del contrato de explotación como requisito y cambios en las normas dictadas por el Gobierno.
En opinión de los analistas políticos Iván Arenas y Pedro Yaranga, el Gobierno está cediendo y se está rectificando ante las demandas de los gremios mineros, con quienes inició el pasado lunes 14 un proceso de diálogo.
Maximalista. Para Iván Arenas, el Gobierno debe plantear muy bien la agenda, ya que la discusión no debe girar en torno a los 50 mil registros excluidos, sino sobre los 31 mil “Reinfos” vigentes, en los que se ha infilitrado la minería ilegal.
“Es en este último grupo donde se encuentranquienes realizan minería ilegal, allí está el verdadero problema. El ilegal camufla la producción con registros vigentes y no con suspendidos”,dijo Arenas.
Señaló a Correo que la agenda de los gremios mineros comprende básicamente la restitución de los 50 mil registros, la derogatoria de los decretos supremos emitidos por el Ejecutivo en este proceso y una Ley Mape conforme a lo propuesto por la Comisión de Energía del Congreso.
“La agenda del Gobierno tiene tres puntos, pero la de los gremios es maximalista, a tal punto que han pedido que el Ejecutivo debería anular los contratos de explotación o una especie de retorno de la titularidad al Estado”, expresó.
Añadió que el Gobierno ha extendido una “tabla de salvación” a los mineros informales al anunciar que pueden pedir la reconsideración de los “Reinfos” excluidos.
Contrato. Por su parte, el analista político Pedro Yaranga sostuvo que la agenda de los mineros informales incluye puntos como el contrato de explotación, que es un problema porque el minero artesanal lo necesita para formalizarse, pero el concesionario no lo otorga.
Indicó que, por esta razón, los mineros plantean que el contrato de explotación no forme parte del proceso de formalización.
Asimismo, consideró que el anuncio del Ejecutivo de tramitar los pedidos de reconsideración de los registros separados es una rectificación porque esta exclusión se realizó sin justificación.
“Es una sola resolución y no dice nada, cuando a cada minero, por separado, debieron decirle por qué ha sido excluido. Obviamente (la reconsideración) es un derecho en la gestión pública”, dijo.
Añadió que de presentarse las reconsideraciones, el Ejecutivo no tendría tiempo para revisar cada una de ellas, porque se trata de ver temas no solo jurídicos sino también técnicos.
