Gobierno expulsa a embajador mexicano por injerencias en asuntos internos

El gobierno de Dina Boluarte declaró ayer persona non grata al canciller de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, debido a las constantes declaraciones del presidente del país centroamericano, Andrés López Obrador, sobre la coyuntura política peruana.

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En conferencia de prensa, la canciller Ana Gervasi Díaz informó esta decisión luego de dar cuenta del otorgamiento del salvoconducto a la exprimera dama Lilia Paredes y dos de sus menores hijos para que puedan salir del país.

Además, el gobierno entregó una nota diplomática al canciller Monroy, comunicándole su expulsión del país en las próximas 72 horas.

“Por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención”, dijo Gervasi.

Asimismo, la ministra comunicó que, para esta decisión, se tomó en cuenta la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, “que establece la facultad del Estado receptor de declarar persona non grata a un jefe de misión extranjero”.

El gobierno manifestó su preocupación por las declaraciones vertidas del presidente de México, Andrés López Obrador, quien criticó la declaratoria de emergencia del gobierno peruano y haberla calificado como “Estado de sitio”; de pedir elecciones generales en el corto o mediano plazo así como cuestionar la detención al vacado expresidente Pedro Castillo.

“Las declaraciones del Presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio de legítimo derecho que asiste a toda persona a manifestarse pacíficamente”, señaló la Cancillería.

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SE VA. Más temprano, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó desde su país que los familiares del vacado expresidente Pedro Castillo (Lilia Paredes y sus dos hijos) ya se encontraban en la embajada de ese país en Lima, ubicada en San Isidro.

Precisó que el gobierno mexicano había otorgado asilo político a Paredes a la espera de la tramitación del salvoconducto para que puedan salir al aeropuerto Jorge Chávez y viajar a México si así lo desean.

“El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano. Es decir, están en nuestra embajada y cuando están en la embajada les concedes el asilo. Es una decisión independiente y soberana de México. Ahora lo que se está negociando es el salvoconducto para que, si desean salir, lo puedan hacer y vengan a México”, explicó Ebrard.

El salvoconducto es una decisión soberana del gobierno de Dina Boluarte, comunicada ayer por la tarde por la ministra Ana Gervasi.

Así, la titular de Relaciones Exteriores señaló que el otorgamiento del salvoconducto en favor de Paredes y sus dos menores hijos está contemplado en laConvención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual los dos países son parte como Estados.

“El artículo 12 de la referida Convención dispone que el Estado territorial esta obligado a dar inmediatamente, salvo casos de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el artículo 5 y el correspondiente salvoconducto (…) la Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas”, manifestó Gervasi.

Asimismo, resaltó que le han informado al gobierno mexicano que actualmente Paredes está comprendida en una investigación preparatoria de la Fiscalía como presunta coautora del delito de organización criminal.

El gobierno no obstante puede solicitar extradición para Paredes, en caso el sistema de justicia nacional lo solicite.

“El otorgamiento de los salvoconductos se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Paredes Navarro, de conformidad con el tratado extradición con la República del Perú y los Estados Unidos Mexicano de 2021, en caso de que las autoridades judiciales así lo requieran”, explicó la ministra de Relaciones Exteriores.

LIBRE. Esta historia también tiene que ver con el sistema de administración de justicia: en la mañana el Poder Judicial informó que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso anular las restricciones judiciales que se le había impuesto a la exprimera dama Lilia Paredes en primera instancia, por lo que la investigada por organización criminal quedaba libre para poder abandonar el país.

La nulidad de las restricciones también alcanza a los investigados Walter y David Paredes, hermanos de la exprimera dama, así como el empresario Hugo Espino.

El tribunal que conforman los jueces Iván Quispe, María Guillén Ledesma y Edgar Medina tomó esta decisión “de oficio”, tras señalar que lo resuelto por el juez Raúl Justiniano Romero no estaba debidamente motivado de acuerdo a ley.

De esta manera, la sala superior ordenó al juez Justiniano a que se pronuncie nuevamente, previa audiencia, sobre el pedido del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, que lidera la fiscal superior Marita Barreto.

Llama la atención que dicha resolución judicial, con fecha del 15 de diciembre, haya sido comunicada ayer por la mañana. Al respecto, Correo accedió a documentos del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder del 14 de diciembre, en el que pide al tribunal que emita la resolución correspondiente respecto a la situación de Paredes.

El Equipo de la Fiscalía insistió con su pedido el último lunes. La sala comunicó su decisión recién ayer.

OPINIONES. El abogado penalista James Rodríguez dijo a Correo que el levantamiento de las restricciones a favor de Lilia Paredes “no influye en nada en la decisión política que ha tenido el gobierno mexicano para darle el asilo político a la exprimera dama”. “El asilo político como institución jurídico internacional está por encima de algún impedimento de salida porque el salvoconducto está firmado por el Ejecutivo, es como un pase libre para que pueda abandonar el país e irse al país que le está otorgando el asilo”, añadió.

Sin embargo, Eduardo Ferrero, excanciller peruano, consideró que el asilo otorgado por México no se ajusta al derecho internacional, porque los familiares de Pedro Castillo no están siendo perseguidos por la justicia peruana ni está en peligro sus vidas.