El Ejecutivo anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas para abordar el delito de terrorismo urbano, en respuesta al asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, atribuido a grupos criminales.
La decisión fue comunicada por la presidenta Dina Boluarte durante un mensaje oficial desde Palacio de Gobierno.
El pedido busca acelerar la discusión de un proyecto de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano al Código Penal.
Dicha iniciativa, ya aprobada en primera votación, propone cadena perpetua para crímenes como homicidio calificado, secuestro, extorsión y sicariato cuando sean cometidos con armas de fuego o explosivos y generen alarma social.
El gobierno argumenta que la demora en la aprobación de esta norma, que lleva más de 100 días en el Congreso, ha permitido el aumento de la criminalidad. Sin embargo, algunos sectores han expresado preocupación por el uso de figuras penales como el terrorismo urbano, señalando posibles riesgos para las garantías procesales.
La solicitud de facultades legislativas se enmarca en una serie de medidas anunciadas para enfrentar la inseguridad.
Su aprobación dependerá de las negociaciones en el Legislativo, en un contexto de creciente presión por acciones contundentes contra la delincuencia organizada.
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