Golpe de Estado: La Subcomisión ya tramita la denuncia contra los exministros

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso ya tramita la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la expremier Betssy Chávez, así como para los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, todos implicados en el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo.

Y es que el grupo de trabajo que preside la congresista Lady Camones, aprobó el informe de calificación que recomendaba admitir a trámite la denuncia. El documento fue aprobado con 14 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

Incluso, la SAC remitió el documento a la Comisión Permanente, grupo que sesionó ayer y aprobó ampliar su agenda para tratar el caso. La denuncia tendrá que ser aprobada en la Permanente para que la SAC pueda tener un plazo para realizar la investigación.

SUSTENTO

Ayer por la mañana, la fiscal de la Nación presentó la denuncia contra los exministros y el expresidente Castillo, sin embargo, la SAC desestimó el extremo relacionado al exmandatario debido a que a la medianoche, el Pleno del Congreso levantó su prerrogativa de antejuicio político.

De acuerdo con el documento de 105 páginas, la Fiscalía le imputa a Chávez, Huerta y Sánchez, la coautoría de la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en las modalidades de rebelión y conspiración.

En la denuncia constitucional se hace un recuento detallado de los hechos ocurridos el día del golpe de Estado, así como la participación que habría tenido cada uno de los mencionados.

Incluso, se revelan detalles como la declaración de Cintya Malpartida y Antonio Pantoja, reportera y camarógrafo de TV Perú, respectivamente.

Ambos coinciden en que la expremier Chávez fue la que hizo las coordinaciones para el ingreso de ambos a Palacio de Gobierno y quien les dijo que no sería una entrevista, sino un mensaje a la nación.

Un dato no menor es que para la Fiscalía, el golpe de Estado es una conducta que tendría como finalidad evitar las investigaciones por corrupción que tiene el expresidente Castillo.