La pugna de poderes por el liderazgo de la Fiscalía de la Nación promete extenderse por tiempo indefinido.
Ayer, la Junta de Fiscales Supremos (JFS), que se había declarado en sesión permanente desde el lunes 16 tras la intempestiva llegada de Patricia Benavides a su sede central, reiteró que no aceptará la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anuló la destitución de Benavides Vargas y que ordenó reponerla no solo como fiscal suprema, sino también como fiscal de la Nación.
En este contexto, la Fiscalía, por encargo de Espinoza, ha solicitado, vía judicial, la suspensión en el cargo de Benavides por 36 meses. La audiencia se agendó para el 24 de junio. Sin embargo, se tiene como antecedente el caso de Tomás Gálvez, exfiscal supremo pendiente de reintegrarse a la JFS, sobre quien se negó una “suspensión” por no haberse reincorporado aún al cargo.
Cierran filas
La JFS está integrada, actualmente, por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza, esta última, elegida fiscal de la Nación por sus pares. El lunes 16 la instancia sesionó de forma virtual y ayer, martes 17, se reunió en dos sesiones: a las 9:00 a. m. y 4:30 p. m.
En dichos encuentros, “se ratificó en su autonomía institucional acorde al artículo 158°” de la Constitución. “Como parte de su fortalecimiento y unidad entre los miembros del máximo órgano de gobierno del Ministerio Público, y como ejemplo de cohesión institucional, reafirman que es la JFS —y no otro órgano del Estado— la que tiene la atribución exclusiva de elegir al Fiscal de la Nación”, acotó el Ministerio Público (MP), vía X, la tarde de ayer.
Pendientes
En ese contexto, en diálogo con Correo, el abogado de Benavides, Jorge del Castillo, aseguró que presentaron un pedido ante la JNJ, la tarde del lunes, para que se exhorte a Delia Espinoza a dejar el cargo.
“Estamos esperando que la JNJ emita una orden y se volverá (al Ministerio Público). (…) La doctora Benavides no quiso ir (ayer) a la Fiscalía para no contribuir al show de la Dra. Delia Espinoza. Le parece un show, realmente, y es una cosa muy negativa para la imagen de la institución”, aseguró.
En esa línea, confió en que la respuesta del organismo autónomo, liderado por Gino Ríos, se daría hoy miércoles a más tardar.
“Esperemos que sea así porque no hay nada más que pensar. Si está emitiendo una orden (la JNJ), y no hace caso (Delia Espinoza), tiene que requerir”, acotó.
Se le consultó, además, si su patrocinada estaría dispuesta a retomar solo sus funciones como fiscal suprema. En ese caso, sostuvo que se evaluará una denuncia penal contra Espinoza.
El Ministerio Público, por otro lado, se juega una de su últimas cartas a nivel judicial. Ayer, el PJ informó que el juez Segismundo Israel León Velasco, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, analizará el pedido fiscal para “suspender en el cargo” a Benavides por el plazo de 36 meses el próximo 24 de junio.
La solicitud se formuló el 11 de junio, dos días antes de que el pleno de la JNJ anulara la segunda destitución de Benavides Vargas, impuesta en enero de este año, y la reemplazara por una suspensión de 60 días.
Este caso (P.D. N.° 001-2024-JNJ-A) derivó del Procedimiento Disciplinario Ordinario principal (P.D. N.° 001-2024-JNJ) en el que la exfiscal de la Nación había sido destituida por la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana Enma Benavides por presunta corrupción. Esta destitución —la primera en ser impuesta, en mayo del 2024 — fue la que mereció la nulidad para el pleno de la JNJ y fue conocida, públicamente, el viernes 13.
Del Castillo cuestionó la solicitud tras considerar que el MP “no tiene mayores competencias” en el caso, pues ya presentó la denuncia constitucional ante el Congreso el jueves 12.
Dicho argumento también fue esgrimido por Tomás Gálvez, en su propia audiencia de pedido de suspensión del cargo el 29 de mayo —a manos de la Fiscalía—, y a quien finalmente no se le otorgó ninguna restricción el 5 de junio último. El exfiscal supremo, quien está en camino a reincorporarse en la JFS por orden del Tribunal Constitucional (TC), tampoco había sido repuesto en el cargo en dicho momento, pero se pedía su separación del cargo por 36 meses.
Pero hay otra suspensión solicitada contra Benavides y que responde a un caso por presunto intercambio de favores con el abogado José Luis Castillo Alva. Se le imputa presunto encubrimiento personal, abuso de autoridad y cohecho pasivo específico, así como “aceptar que la apoyen en un proceso disciplinario seguido en su contra, en la JNJ, a cambio del posterior nombramiento de fiscales afines a Castillo Alva en el Equipo Especial Cuellos Blancos”.
Discrepancias
Sobre la polémica de no haberse cumplido el criterio de “unanimidad” por parte de la JNJ, la noche del lunes 16, Benavides sostuvo a Canal N que Francisco Távara, miembro de la JNJ, “se excusó de intervenir” en su caso por decisión propia.
“La Ley de Procedimientos Administrativos dice que quien no participa en el informe oral no puede entrar a votación. Así, votaron los seis miembros habilitados. Hay una unanimidad. Eso se explica en la resolución”, contestó.
Távara, en tanto, dijo ayer a RPP que no participó ni votó en el caso porque existían recursos de la exfiscal de la Nación, ante el PJ, que estaban pendientes de ser resueltos. “(Pensé) no puedo declarar la nulidad acá porque está judicializado”, remarcó.
Añadió que le expresó su preocupación a Gino Ríos, presidente de la JNJ, porque no se conocía “de qué trataba” el tema. “Intercambiamos palabra y me dijo que él tampoco conocía el escrito. Luego le dije que me iba a excusar (de participar)”, agregó.
Una postura contraria tiene el expresidente del TC, Víctor García Toma. En diálogo con este Diario, afirmó que “una persona afectada por una decisión administrativa tiene derecho a presentar recursos impugnatorios (…) y, mientras esos no sean resueltos, el ente correspondiente está obligado a tramitarlos y pronunciarse”.
“Por ejemplo, en el caso del expresidente Pedro Castillo, pese a ser procesado penalmente, ha presentado diversos habeas corpus que incluso llegaron al TC. Cada uno de esos procesos avanzó de forma paralela. Este es, en esencia, el caso actual de la señora Benavides”, señaló. Remarcó que tras conocerse la orden de reposición de la JNJ, “Espinoza no tiene vigente el título habilitante que la acredite como fiscal de la Nación”.
Por ello, “si firma documentos, dicta disposiciones o emite órdenes, incurriría en usurpación de funciones, pues si bien puede haber un espíritu de cuerpo entre quienes la respaldan, ya carece del título legal para ejercer funciones y, lamentablemente, esa es la realidad jurídica”.
Finalmente, fuentes del MP señalaron a Correo que la entidad no tiene el suficiente presupuesto para incluir, al mismo tiempo, a Gálvez y Benavides como fiscales supremos. Señalaron que la entidad espera a que el MEF brinde el presupuesto solicitado de S/15 mil millones, sustentado en abril último, para habilitar la plaza.
