La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la designación de las fiscales supremas Norah Miraval y Zoraida Ávalos, dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y ordena que se nombre al exmagistrado Mateo Castañeda Segovia como fiscal supremo, ha hecho que los consejeros pongan el grito en el cielo.

El TC advierte que no se pueden incumplir sus fallos, mientras que los del CNM, órgano encargado de nombrar y ratificar jueces y fiscales, denuncian injerencia en sus funciones.

Otro caso que enfrenta a ambas instituciones es el del juez César Hinostroza, a quien también se deberá nombrar como fiscal supremo una vez que el Tribunal emita su fallo.

Ni el TC ni el CNM tienen intenciones de ceder en sus respectivas posiciones, y ambas han iniciado una guerra de acusaciones y denuncias que ayer tuvo repercusión en el seno del Congreso de la República.

GOLPE. La bandera a media asta y un listón negro colocado en la sede del CNM pretendía transmitir un mensaje: la muerte institucional y del Estado de Derecho.

Incluso, el mismo presidente del CNM, Pablo Talavera, afirmó que la sentencia del TC representa un "golpe de Estado" no solo para su institución, sino también para el Ministerio Público y el sector Economía (Ejecutivo), pues al ordenarse que se abran y se presupuesten dos plazas (para Miraval y Ávalos) se está extralimitando de su función.

Por ello, anunció que el próximo lunes denunciarán penal y constitucionalmente a los magistrados Gerardo Eto, Carlos Mesía y Ernesto Álvarez por infracción constitucional, usurpación de funciones y prevaricato.

"Estos tres magistrados del TC han usurpado funciones del CNM, arrogándose la competencia de nombrar a fiscales supremos", advirtió. Incluso, hizo referencia a una anterior sentencia del TC (del 31 de octubre de 2013) en la que el TC "dice que no puede invadir las competencias del CNM, órgano autónomo e independiente con relevancia constitucional".

Talavera advirtió además que los magistrados que firman la reciente resolución están con los "plazos vencidos", lo cual debe ser tomado en cuenta por las instancias que revisarán la denuncia que su institución interpondrá.

Eso sí, anunció que mientras no se resuelva el escrito que presentarán para su evaluación por el pleno del TC, el caso del nombramiento de Castañeda como fiscal supremo quedará en suspenso.

SIN FUNCIONES. Fue el magistrado Gerardo Eto Cruz, miembro del Tribunal, quien dio la cara para aseverar que "no hay ningún tipo de usurpación de funciones" por parte del colegiado que integra y aseveró que el CNM no está exento del control constitucional.

Es más, indicó que dicho ente dejó de cumplir sus funciones cuando, inicialmente, el TC ordenó que se elija entre Mateo Castañeda y César Hinostroza para cubrir una plaza como fiscal supremo.

"Está establecido en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional que precisa que, cuando un órgano omite la ejecución de una resolución, el TC sustituye a este órgano y dispone la efectividad de la tutela judicial que ha estado siendo postergada", anotó Eto.

Incluso fue más allá al advertir que si el CNM no cumple con el fallo del Tribunal, los miembros de dicha institución podrían ser sancionados económicamente e incluso ser destituidos.

TINTES. Desde el Congreso, básicamente desde el frente del oficialismo, se vincula a los magistrados Eto, Mesía y Álvarez con el Partido Aprista.

Frente a ello, Eto negó cualquier acercamiento político al partido de Haya de la Torre. "Yo no soy aprista, no me pongan el cartelito. Soy un magistrado con autonomía, no tengo ningún vínculo con ningún partido", afirmó tajante.

Sin embargo, las palabras más fuertes provinieron del congresista de Gana Perú Daniel Abugattás, quien anunció que hoy denunciará constitucionalmente a los magistrados Mesías, Eto y Álvarez, por lo que considera la escandalosa ejecución de una sentencia.

"Lo que estamos viendo, es que después del golpe del 5 de abril de 1992 de Fujimori, esto es lo más grave", advirtió.

Indicó que el APRA se está creando un "manto de impunidad" y muestra de ello son las "leguleyadas" que perpetra Alan García en el Poder Judicial para librarse de la Megacomisión, y el "copamiento" de la Fiscalía de la Nación.

CONTRARIAS. Al respecto, el expresidente de la Corte de Lima Marcos Ibazeta manifestó que el TC es el órgano máximo constitucional, pero "sí se excedió" al ordenar que se generen dos plazas para las fiscales Miraval y Ávalos.

Mientras tanto, el constitucionalista Natale Amprimo opinó que los fallos del TC "son para que se cumpla y no para ponerlo en un cuadro y prenderle velitas".