El congresista Guido Bellido Ugarte, integrante del grupo parlamentario Podemos Perú, presentó un proyecto de ley que propone la eliminación gradual de los zoológicos públicos en el territorio nacional, con un plazo máximo de diez años para su cierre definitivo.
La medida busca fortalecer la protección de la fauna silvestre y promover alternativas educativas que no impliquen el uso de animales en cautiverio.
Según el Proyecto de Ley N.º 12909/2025-CR, se plantea prohibir la creación, autorización o habilitación de nuevos zoológicos, tanto públicos como privados, en todo el país.
El documento argumenta que estas medidas permitirían fomentar el respeto hacia los animales y la conservación de la biodiversidad, evitando su confinamiento fuera de su entorno natural.
En relación con los animales actualmente mantenidos en cautiverio, la propuesta establece que deberán ser trasladados a centros de rescate para su rehabilitación y recuperación, con el fin de ser reinsertados en su hábitat natural siempre que sea posible.
En los casos en que no sea viable su liberación, los ejemplares serían entregados a centros de conservación especializados.
El proyecto dispone que el proceso de eliminación de los zoológicos deberá completarse en un periodo máximo de diez años desde la promulgación de la ley. Aquellos funcionarios que no cumplan con lo establecido serían responsables de manera administrativa y funcional.
Además, se propone que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM), incorpore en el currículo escolar programas de sensibilización sobre la protección de la fauna silvestre, los ecosistemas y el desarrollo de actividades educativas sin animales en cautiverio.
El financiamiento de estas acciones estaría a cargo de los presupuestos institucionales del MINAM, los gobiernos regionales y locales, sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público.
También se prevé la posibilidad de recurrir a la cooperación internacional y al apoyo de la sociedad civil para su implementación.
Finalmente, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo contará con un plazo máximo de 180 días para reglamentar la norma en caso de ser aprobada por el Congreso.
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