El congresista Guido Bellido Ugarte presentó un proyecto de ley que plantea modificar la Constitución y el Código de Ejecución Penal con el objetivo de establecer el trabajo obligatorio para los internos en los centros penitenciarios del país.
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de enfrentar la crisis estructural del sistema penitenciario, caracterizada por el hacinamiento, la reincidencia delictiva y la falta de programas efectivos de rehabilitación.
Actualmente, el artículo 73 del Código de Ejecución Penal dispone que el trabajo es voluntario, pero la propuesta busca convertirlo en una obligación legal para los reclusos.
Según el parlamentario, esta medida permitiría que los internos contribuyan con su proceso de rehabilitación, adquieran disciplina laboral y colaboren con la sostenibilidad de los establecimientos penitenciarios. De acuerdo con datos del 2024, el costo promedio por interno ascendió a más de 81 mil soles al año, monto asumido íntegramente por el Estado.
El proyecto establece que los reclusos deberán realizar labores productivas, de servicios o de apoyo comunitario, siempre en respeto de la dignidad humana y bajo condiciones reguladas.
Asimismo, propone modificar artículos de la Constitución para reforzar la obligación estatal de promover políticas penitenciarias sostenibles, incentivando la reincorporación económica y social de los internos a través del trabajo. La negativa a cumplir con estas labores será tipificada como una falta disciplinaria grave.
En la exposición de motivos, Bellido señala que esta medida ya se aplica en países como Bielorrusia, Brasil, China, Rusia y Vietnam, donde el trabajo carcelario constituye una herramienta central de rehabilitación.
El documento subraya que el Perú afronta un gasto creciente en la manutención de internos y que, al mismo tiempo, la población penitenciaria podría convertirse en una fuerza productiva que aporte a la sociedad, reduciendo la carga fiscal que hoy recae en los contribuyentes.
Finalmente, el proyecto incorpora un análisis costo-beneficio que concluye que la iniciativa permitiría reducir la reincidencia delictiva, aliviar el hacinamiento y contribuir al financiamiento parcial del sistema penitenciario, aunque advierte que requerirá adecuaciones legales y logísticas para su aplicación.
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