El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad del secuestro de 13 trabajadores de la minera Poderosa en Pataz, quienes fueron hallados sin vida el último domingo. El Congreso ya inició el proceso para presentarle una moción de censura.
El congresista Roberto Sánchez, impulsor de la medida, confirmó que ya se han recolectado 20 de las 33 firmas necesarias para formalizar la moción en los próximos dos días. De aprobarse en el Pleno con al menos 66 votos, Adrianzén deberá dejar el cargo de inmediato.
El documento que circula en el Legislativo argumenta que la censura se fundamenta en la “manifiesta incapacidad” del jefe del Gabinete para liderar una respuesta efectiva frente a la grave crisis de seguridad ciudadana que atraviesa el país.
Días previos al fatal desenlace, de la cruel matanza contra los 13 trabajadores, el premier Adrianzén indicó que no tenían indicios que el secuestro fuera “veraz”.
“Más allá de eso, si los secuestrados son o no empleados de la mina, nos preocupa que esta información sea cierta. No obstante, nuestros cuerpos de seguridad en Pataz no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz (...) No tenemos ninguna denuncia hasta el momento, pero confiamos en que, como resultado de las investigaciones, se demuestre que se trató de una falsa alarma”, agregó durante una conferencia de prensa.
Diversos sectores políticos y sociales han calificado estas declaraciones como una falta de respeto a las víctimas y sus familias.
Matanza en Pataz
El caso que motivó la controversia tuvo lugar en la provincia de Pataz, La Libertad. El 26 de abril, un grupo de 13 trabajadores vinculados a la minera Poderosa fue secuestrado, presuntamente por una banda criminal liderada por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, quien habría exigido un rescate de cuatro millones de soles.
Tras una semana de intensa búsqueda, los cuerpos fueron hallados el domingo 4 de mayo al interior de una bocamina. La brutalidad del crimen, que habría incluido ejecuciones a quemarropa, ha generado conmoción nacional y presiones al Ejecutivo para una respuesta firme frente a las mafias de minería ilegal que operan en la zona.
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