El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, podría ser citado al Congreso de la República para responder por una serie de cuestionamientos vinculados a su gestión.
Y es que el Pleno debe definir si admite o no a debate la moción de interpelación que presentó el congresista Edward Málaga Trillo en contra del jefe del Gabinete Ministerial, un documento que lleva el respaldo de al menos 34 congresistas de diferentes bancadas.
MANIOBRAS
La moción de interpelación contra Adrianzén busca que responda por la existencia de un “desgobierno” del país, la mala ejecución de políticas públicas en muchos sectores, entre otros aspectos.
Sin embargo, a lo largo de estas semanas se han evidenciado una serie de elementos que dejarían entrever un intento de protección para el premier.
El primer hecho se dio el 20 de marzo, día en que se tenía previsto dar cuenta de la moción de interpelación. Fuentes de Correo refieren que integrantes de la Mesa Directiva y el oficial mayor del Congreso garantizaron que se daría cuenta de la moción aquel día, pero no sucedió.
Esto generó que se diera cuenta del documento un día después. La semana posterior sería semana de representación, por lo que el caso ganaría tiempo.
El segundo se registró cuando tres congresistas retiraron sus firmas. Ellos son: Edgar Tello (Podemos), Katy Ugarte (Bloque Magisterial) y Milagros Jaúregui (Renovación Popular).
Tello justificó el retiro de su firma bajo el argumento de que estamos en un espacio democrático, por lo que “se debe escuchar a todos”, mientras que Ugarte solo atinó a decir que “era su decisión” sin ofrecer mayores detalles.
Por otro lado, a la mesa de partes del Congreso llegaron ocho oficios entre el 26 y 28 de marzo, todos provienen de asociaciones de municipalidades de diferentes regiones del país que respaldan la gestión del premier Adrianzén.
Los documentos fueron ingresados en horas similares y se encuentran como anexos junto a la moción de interpelación.
Cabe precisar que de acuerdo al Reglamento del Congreso, esta semana se debe someter a votación si el premier Adrianzén es citado a responder por los cuestionamientos a su gestión.
