El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse responde a las críticas contra el máximo intérprete de la Carta Magna. En esta entrevista, además, cuestiona los vínculos entre su colega Francisco Morales y el fiscal Marco Huamán.
¿Conocía del vínculo entre el magistrado Francisco Morales Saravia y el fiscal Marco Huamán?
No.
¿Cuándo se ventilaron las declaraciones de Jaime Villanueva habló usted con Morales?
No, porque él tuvo licencia unos días antes, por intervención quirúrgica, y retorna todavía el 15 de mayo. No hubo ningún diálogo al respecto.
¿Son acusaciones graves?
En un momento, seguramente, conversaremos (con Morales) al respecto. No sé a quiénes ha recibido Morales Saravia. Desconozco. Pero desde mi experiencia puedo decir que recibo a los que me piden cita.
¿Qué pasaría si son verdaderas las declaraciones de Villanueva, respecto a que el fiscal Huamán intentó intervenir por medio de Morales Saravia en la demanda competencial ante el TC?
¿Qué podría ocurrir? Ese caso lo votamos en febrero y el único que votó a favor del caso es el magistrado Pedro Hernández.
¿Pero no habría una intención de Marco Huamán con Morales en, por lo menos, interceder en el caso?
¿Qué significa esa intención?
Favorecer a Benavides.
Si el objetivo era coordinar una demanda a favor de la señora fiscal de la Nación, esa demanda ha sido desestimada, antes de cualquier versión. Morales Saravia también votó en contra.
¿El TC no tiene una instancia ética que pueda sancionar este tipo de casos?
No entiendo qué pueda sancionar. A mí me preocupa que la versión de un colaborador eficaz, que es un delincuente, que está intentando construir una argumentación para reducir su pena, sea primero tomado como una verdad inclaudicable.
Debe ser corroborado…
Sí.
Con esa postura, ¿estará en desacuerdo con que se haya suspendido a la ex fiscal de la Nación en la JNJ, porque el argumento sólido tiene que ver con los dichos de Villanueva?
La suspensión es por un tema administrativo. Estamos hablando de temas ligados a casos de carácter penal que son peligrosos. Sobre la base de dichos no se puede condenar a una persona mediáticamente, porque al final termina como siempre ocurre en este país: Se investiga a la persona durante 10 o 15 años y no se llega a ningún hecho concreto.
¿Cómo responde a los cuestionamientos al TC por la inhabilitación del señor Aldo Vásquez y la señora Inés Tello?
Primero, nosotros no los hemos inhabilitados, sino el Congreso. Lo que hemos resuelto es una medida cautelar dentro de un proceso competencial y estamos tramitando un proceso competencial conforme al Código Procesal Constitucional, y teníamos que pronunciarnos sobre la base de una sentencia anterior que ya hemos emitido, señalando que los procesos de control político no pueden judicializarse de manera tan abierta, como ocurrió con la medida cautelar resuelta en el Poder Judicial.
El PJ se entromete en algunas decisiones del Congreso y los principales afectados son los que recurren a este poder del Estado. ¿Con esto no se estaría desvirtuando o desnaturalizando las competencias del Parlamento?
El PJ puede intervenir porque no hay ningún poder ausente de ningún contrapeso o control de otro poder. Todos los poderes están sujetos a controles. Son como cables de un solo cuerpo viviente.
Al TC se le atribuye estar ideologizado por Fuerza Popular...
Esta es la primera vez, a lo largo de la historia del TC ,que se ha elegido a seis magistrados por un concurso público meritocrático que ha demorado casi un año. Ese tema (de las críticas) creo que viene de sectores ideologizados.
¿Cómo cuáles?
Sectores con el legítimo derecho que son grupos de opinión, de presión, de interés, que forman parte o tienen legítimamente a los medios de comunicación o a la capacidad de difundir y, ciertamente, desde una perspectiva de sus propias comisiones ideológicas de manera, yo diría injusta o arbitraria, pretenden cuestionar al TC.
Insisto, ¿cuáles son esos grupos ideologizados?
De alguna forma hay grupos de opinión, de interés, como ocurre en cualquier democracia que tienen posibilidades de acceder a medios de comunicación.
¿Se refiere a la izquierda o los llamados “caviares”?
No creo que sea toda la izquierda. Un sector podría ser. Así como hay un sector, si vamos a clasificar así a la política, la derecha nos critica cuando nosotros validamos leyes que tienen un gasto público, como lo pueden ser el nombramiento de las enfermeras o en el caso de Puente Piedra, en el que nos alegan que estamos afectando la libertad de empresa, y hay sectores de izquierda también que lo critican.
¿En qué se diferencia este TC del que presidía Marianella Ledesma?
Este tribunal conoce los casos por el fondo. A diferencia de los anteriores, venimos resolviendo ciento de casos de reivindicaciones de derechos sociales día tras día. Y creo que es un elemento que nos distingue.
¿Está más sólido este tribunal?
Hay un buen ambiente. Más allá de algunas divergencias, creo que hemos tenido divergencias bastante categóricas con el magistrado (Manuel) Monteagudo en algunas sentencias difíciles, pero yo creo que no hay ninguno que no tenga altas credibilidades éticas y morales.
¿Por qué en el indulto de Fujimori le dijo a Monteagudo que cometió un grave error?
Evidentemente, cometió un grave error, pero no fue de mala fe. En todo caso fueron los humores del momento por un tema tan difícil. Y en ese caso había un pedido de aclaración. Y de acuerdo al Código Procesal Constitucional, la aclaración de una resolución la resuelven los magistrados que votaron a favor y Monteagudo no votó a favor de la causa. Él consideró que sí tenía derecho a intervenir, pero ese es un criterio que no corresponde.
¿No hay un conflicto de interés en el hecho de que la JNJ recurra a jueces del PJ cuando se sabe que estos pasarán por su control para la ratificación?
Bueno, creo que es el sistema. Muchos dicen que como el TC es elegido por el Congreso, entonces ya no puede controlar al Congreso. No, no opera así el poder. Las instituciones tienen que actuar con independencia e imparcialidad. Pero todas están conectadas. Entonces, todos podemos ir al PJ.
¿Usted nota que hay un sesgo político en la JNJ?
Es un tema que no me compete. Pero en lo que sí podríamos estar preocupados es que la Junta, como los demás poderes, no solo deben hacerse notar por esos temas de tensiones que hay por las pugnas naturales, por el ejercicio de poderes, si no, básicamente, por cumplimiento de sus roles.
Le pregunto sobre este marco ideológico porque hay criterios disimiles para casos similares, como lo es el caso que afronta Patricia Benavides frente al de José Domingo Pérez, Pablo Sánchez y Rafael Vela Barba.
La señora Benavides podría interponer un amparo o hábeas corpus si lo desea.
¿Qué piensa de la designación de Juan Carlos Cortés Carcelén como secretario general de la JNJ, quien fue asesor externo de la comisión eleccionaria?
Es un tema delicado.
¿No lo percibe como un acto antiético?
Son temas que pueden llegar a instancias judiciales o inclusive al TC. Para esos están los actores que deben activar los frenos y contrapesos como procuradores, abogados, fiscales, la opinión pública y el propio Congreso. El tema debe estar sujeto a una pesquisa o investigación. Pero sí puedo referir algo que sí sucedió en un proceso…
¿Qué cosa?
Ocurrió en el caso del señor Marco Tulio Falconí. Precisamente, tuvo una intervención el señor Cortés, porque se pidió un informe a Servir para que verifique si el puntaje asignado por servicios “encuartelados” le correspondía o no al señor Falconí. No obstante, ya era funcionario, presidente de Servir, y finalmente Servir dijo que no (sic). Entonces ese es un tema que nos llamó la atención, porque era una suerte de un funcionario de doble puerta, o sea, de una puerta giratoria, porque estaba en el Estado en Servir y también era secretario general, me parece, en la Junta, y en este caso se habría pronunciado después de haberse terminado el concurso.
¿El concurso de Falconí?
Sí, ese se hizo con intervención de Servir. Después de haber terminado, se pide nuevamente opinión a Servir y este opina lo contrario. Y eso nos llamó la atención y consideramos que eso no era regular, porque ya su proceso había cerrado. Al señor Falconí, inclusive, ya se le había publicado la resolución que lo nombraba como consejero de la JNJ.
¿La bonificación era por el 10% no?
Sí, estudió en colegio militar y estuvo encuartelado. Y fue reserva de Puno, como uno que va al Servicio Militar Obligatorio. Ahí nos llamó la atención la actuación de este señor (Cortés Carcelén) en Servir. Porque, prácticamente, al inicio tuvo una postura y al final otra y fue tomado en cuenta.
¿Pero en eso no hay un conflicto de intereses?
Ahí yo estoy impedido de calificar, pero nos llama la atención. En todo caso, eso corresponde a algunas instancias para activar los mecanismos de control que corresponde. Repito, eso puede llegar al TC y me terminan a mí pidiendo mi abstención por adelantar opinión.
¿Qué viabilidad le ve al proyecto de Gladys Echaíz respecto a la Escuela Nacional de la Magistratura?
Es una propuesta antigua. Tiene más de 30 años. Lo que sí me preocupa es que el Consejo Directivo esté compuesto por tres miembros. Me parece interesante. Sería como la Academia Diplomática.
¿Hay algunos defectos que le ve a esta JNJ?
El diseño creo que no es el adecuado, porque es una Junta muy reducida, pequeña.
Al margen de la composición, ¿falla en otras cosas?
En el Estado todos somos prescindibles. Si a alguien se le cambia no debería haber tanto escándalo. Lo que debería haber preocupación es en el reemplazo.
¿Se pudo evitar llegar a esta situación con la JNJ?
Siempre es posible. Eso también es importante. Haría una invocación para que los poderes públicos también colaboren.
¿Qué se puede hacer para evitar una controversia como lo que pasó con Tello?
Se deben definir límites. El Parlamento podría ser claro en una ley orgánica de la JNJ para definir el tema de la edad.
¿Le corresponde la pensión vitalicia a Alberto Fujimori?
En su momento, si es que ocurre, tendremos que pronunciarnos
