No pasó mucho tiempo, luego de las tres de la tarde de ayer, para que las alarmas por la probable destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se apagaran.
A esa hora, lo primero que hizo Alejandro Soto, presidente del Congreso, fue acatar el pedido de la JNJ que planteaba reprogramar su citación al Parlamento.
No dio mayor detalle, solo que su gestión cumplió con otorgar el derecho para que se defiendan los acusados de la JNJ, a quienes se les imputó haber suspendido, indebidamente, a Patricia Benavides de la Fiscalía de la Nación.
De esa forma se dejó que el debate y votación sean vistos recién en marzo del próximo año, cuando Soto Reyes proponga una nueva fecha y sea el pleno el que lo secunde.
“A fin de preservar el irrestricto derecho a la legítima defensa, se convocará oportunamente a los miembros de la JNJ, por única vez, para que asistan a una nueva sesión del pleno del Congreso”, decidió Soto con aparente incomodidad.
La decisión generó la inmediata reacción de legisladores como Jorge Montoya, quien aseguró que planteará la censura contra Soto Reyes por suspender el debate.
“Vamos a presentar una moción de censura contra el presidente de la Mesa (...). Está tomando una decisión en contra de las cosas que se habían establecido. Esto ha sido un pedido que tiene más de una semana”, indicó.
Es importante mencionar que el llamado Bloque Democrático (derecha) necesitaba 87 votos para aprobar la moción y, en consecuencia, destituir a los integrantes de la JNJ por causa grave.
Justificación. En un oficio enviado al Congreso, la Junta alegó que la moción que pretendía removerlos no cuenta con criterios jurídicos para la destitución.
En principio, indicó, no precisa un procedimiento para su trámite y menos las bases para argumentar que hubo “causa grave” durante las funciones de la JNJ.
La ausencia de los magistrados, de acuerdo a su versión, incurrió en el hecho de que hubo una “afección” a su derecho a la defensa toda vez que fueron citados con apenas 24 horas de anticipación.
En el documento, la Junta indicó que fue notificada recién el 14 de diciembre para presentarse al día siguiente, es decir, ayer.
“De no observarse garantías mínimas del debido proceso, en el trámite de la moción, estaríamos ante una situación que puede calificarse como un ‘ataque institucional’ o ‘un cese masivo de operadores de justicia’”, argumentó el oficio.
Según el comunicado, esos criterios afectan gravemente el funcionamiento del sistema de justicia y de la institucionalidad democrática del país.
“Rogamos a usted (señor presidente) se sirva dar cuenta a la representación de nuestro pedido para ser citados nuevamente, precisándose los cargos imputados individualmente a cada uno de los suscritos y otorgándonos un plazo razonable para preparar dicha defensa”, concluye el documento.
El oficio fue remitido al despacho de Alejandro Soto, con la firma de casi todos los integrantes de la Junta, menos la rúbrica de Guillermo Thornberry debido a que fue hospitalizado.
Fue precisamente Imelda Tumialán, la titular de la JNJ, quien informó del estado de salud del magistrado al titular del Congreso.
“El señor Guillermo Thornberry se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intermedios desde el 13 de noviembre a la fecha, en la Clínica Anglo Americana”, reza el documento.
No obstante, lo que llamó la atención fue que se indique que el magistrado haya estado internado desde el 13 de noviembre hasta la fecha porque el 6 de diciembre Thornberry estuvo en la sesión en la que suspendieron a Benavides como fiscal suprema.
Algunos políticos como el excongresista aprista Jorge Del Castillo cuestionaron esa situación y alegaron que la afirmación podría constituir un delito. No obstante, en respuesta a ello la Junta minimizó el asunto y se limitó a publicar lo siguiente en sus redes sociales:
“Evidentemente es un error fácilmente verificable. El doctor Guillermo Thornberry se encuentra internado desde el 13 de diciembre”, respondió en X (antes Twitter).
Investigación. No obstante, los integrantes de la JNJ sí afrontarán una investigación en la Comisión de Justicia por causa grave.
Ayer, el pleno del Congreso retomó la moción que planteaba indagarlos por suspender a Patricia Benavides. Esta había sido rechazada antes, pero se pidió -precisamente- reconsiderar ese resultado.
Cuando se sometió al voto, el pleno decidió aprobar el pedido de reconsideración con 67 votos. Una vez ello, quedó habilitado el debate y el fondo del asunto se aprobó con el respaldo de 65 congresistas.
Así, se decidió que todos los integrantes -al margen de estar sometidos a una aparente destitución- también sean investigados por el plazo de 10 días en la Comisión de Justicia.
