La congresista Hilda Portero le solicitó al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía de la Nación ampliar “por un plazo razonable” la investigación preliminar en su contra por presunta concusión en agravio del Estado.
Mediante una tutela de derechos presentada por la defensa legal de la parlamentaria el 16 de diciembre del 2024, Portero realizó este requerimiento con el objetivo de que se fije fecha para que se amplíe la declaración de seis testigos relacionados a dicho caso.
El recurso alega a una supuesta afectación a los derechos fundamentales de la legisladora por parte del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación tras denegar su pedido para que estos testigos amplíen las declaraciones que brindaron en la investigación fiscal.
Dicha tutela de derechos fue presentada ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para este 27 de enero a las 11:30 de la mañana, una audiencia virtual con la participación de las partes involucradas.
Fiscalía presenta denuncia constitucional contra congresista Hilda Marleny Portero López
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó la denuncia constitucional contra Hilda Marleny Portero López, como presunta autora del delito de concusión, en agravio del Estado.
Se señala que la legisladora de la bancada de Acción Popular, habría abusado de su cargo para presuntamente obligar a los trabajadores de su despacho congresal a entregar diversas sumas de dinero.
La Fiscalía informó que la congresista Hilda Marleny Portero López habría obligado al trabajador de su despacho, Humberto Ruiz Riquero y otros tres colaboradores; así como a Gloria María Jibaja Pinillas, integrante de la Comisión Multipartidaria ‘Programa Hambre Cero’ y otras tres personas a entregar dinero.
En total -se indica- ocho trabajadores habrían entregado varias sumas de dinero a Portero López a través de su asesora Liliana Analinda Bances Farro.
De acuerdo a un informe de “Cuarto Poder”, la congresista habría exigido a su personal dar parte de su sueldo, bajo la fachada de donaciones para las campañas sociales que se realizaban a nombre de Marleny Portero.
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