Tras un elevado índice de violencia en el país, que ha terminado en numerosas muertes producto de acciones delictivas de organizaciones criminales y otros, las cifras de homicidios parecen experimentar una leve disminución.

De acuerdo con el Tablero de Control del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), dependiente del Ministerio de Salud, el mes de febrero que acaba de culminar reportó 62 muertes menos que en enero, mes en el que se registraron 204 fallecimientos en todo el territorio nacional.

El informe señala que en febrero se produjeron 142 homicidios contabilizados, el 52.6% corresponde a hombres, mientras que el 47.4% contra mujeres.

Sin embargo, aunque este dato es esperanzador, los asesinatos ocurridos entre enero y febrero de 2025 aún superan en 24 casos los números reportados en el mismo lapso del año pasado.

Según pudo conocer Correo, en los primeros dos meses de 2025 se produjeron 346 homicidios, frente a los 322 registrados en los mismos meses de 2024, es decir, 24 más.

Es importante indicar que solo en Lima se han registrado 125 homicidios.

Emergencia

En este panorama delictivo, una de las polémicas que surgió en los últimos días, fue la necesidad de declarar en emergencia la Policía Nacional.

La posibilidad fue planteada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y avalada por el propio ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“La declaratoria en emergencia a la Policía Nacional del Perú. Como ministro del Despacho del Interior, debo manifestar que estoy absolutamente de acuerdo, señor presidente (del Congreso). La Policía Nacional del Perú necesita ser declarada en emergencia. Y necesita ser declarada en emergencia no solamente para equiparla, sino también para la compra de más vehículos, más equipos de protección, más armas, el mejoramiento de infraestructura y el fortalecimiento de los recursos humanos”, refirió.

Al respecto, exviceministro del interior Dardo López-Dolz considera que la declaratoria de emergencia debe ir acompañada de un plan sólido que permita encaminar las acciones y las líneas de trabajo, porque de lo contrario no servirá.

“Declarar en emergencia es como cuando se declara el toque de queda y no se hace nada. Si no tienes un plan, de nada sirve hacer estado de emergencia”, indicó.

Opinó que tiene “serias dudas de que tal plan exista” para la declaratoria de emergencia.

Por su parte, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía considera que con la declaratoria de emergencia no variará en nada el accionar de la Policía Nacional porque su problema es estructural ética y moral.

“La Policía Necesita una reforma absoluta e independiente”, refirió.

Para Pedro Yaranga, experto en temas de seguridad, la postura es similar. En diálogo con Correo consideró que el problema no es la declaratoria de emergencia, sino el propio ministro del Interior, quien permanece en el cargo pese a los cuestionamientos por los malos manejos en su gestión.

“El estado de emergencia servirá siempre y cuando el Ejecutivo tome esas decisiones; de lo contrario, será simplemente para distraer la atención de la población”, cuestionó.

A su turno, el exministro del Interior Rubén Vargas aseguró que el estado de emergencia podrían ser “fuegos artificiales”.

“No han podido elaborar una estrategia contra el crimen. Ahora está desbordado y sin control. Siguen recurriendo a los fuegos artificiales, a la demagogia: estados de emergencia, pena de muerte. Ahora es el populismo llamado declarar en emergencia a la Policía. El Gobierno es parte del problema”, criticó.

De igual modo, el exviceministro del Interior Ricardo Valdes opinó que Santiváñez declaró distritos y otros lugares sin resultado alguno porque carecían de un plan específico que justificaran los estados de emergencia y que paradójicamente ahora apoya a la declaratoria de emergencia en la Policía. “Lo que tendría que hacer Santiváñez es presentarnos un plan y dar cuenta de lo quiere conseguir, los objetivos que nos quiere alcanzar y lo que quiere hacer para lo que realmente”, indicó.Agregó que lo que se requiere es un plan que vaya en conjunto con la declaratoria de emergencia.

“Eso no lo hizo por ejemplo Santiváñez cuando puso en emergencia varias zonas del país. Quiere distraernos del incremento de la inseguridad y extorsión. Hasta ahora no nos ha planteado ningún proyecto o plan por estos temas”, refirió.Añadió que el estado de emergencia debería ir solo si presenta un plan con el que vaya de la mano.

¿Y LA CENSURA?

Por lo pronto, la moción de censura contra Santiváñez, propuesta por la congresista Susel Paredes, se ha quedado a una firma y todo indica que no prosperará.

Más aún si socios políticos del Gobierno han adelantado que no la apoyarán.

En efecto, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, aseguró que Alianza para el Progreso (APP) señaló que no respaldará una censura o interpelación en contra del ministro José Santiváñez.

“Nosotros hemos dicho y vuelvo a reitera que buscamos la gobernabilidad, nosotros buscamos estabilidad. Nosotros no promovemos censuras ni interpelaciones. Seguimos en nuestra posición porque queremos estabilidad”, indicó.

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