Un informe de Human Rights Watch (HRW) presentado este martes en Lima alertó que las políticas impulsadas por el Congreso y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte han favorecido la expansión del crimen organizado en Perú, debilitando las capacidades del Estado para enfrentarlo y afectando la independencia de jueces y fiscales.
El estudio, titulado Legislar para la impunidad, sostiene que el aumento de la criminalidad en Perú durante 2024 ha sido uno de los más altos de América Latina y está directamente relacionado con leyes y medidas que debilitan el marco jurídico e institucional frente a las organizaciones criminales.
“Si bien el crimen organizado se expande en toda la región, en Perú ha encontrado condiciones prácticamente únicas: un Congreso disfuncional que aprueba medidas que debilitan la capacidad de respuesta del Estado y un Ejecutivo débil o poco dispuesto a actuar”, advirtió HRW.
Las leyes que favorecen al crimen
Entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, HRW realizó 125 entrevistas en Lima, Trujillo, Pucallpa y Puerto Maldonado con jueces, fiscales, policías y líderes indígenas, además de analizar 88 leyes y medidas aprobadas desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022.
El informe critica normas que:
- ✅ Excluyen a partidos políticos de responsabilidad penal.
- ✅ Quitar autoridad a la Fiscalía para favorecer a la Policía en investigaciones criminales.
- ✅ Cambiar la definición de “crimen organizado”, dificultando investigaciones y allanamientos.
- ✅ Facilitar la minería ilegal y la deforestación con la ampliación de registros formales.
“Estas leyes están debilitando la capacidad del Estado peruano de combatir el crimen organizado, algo que no ocurre en otros países de la región”, sostuvieron expertos de HRW durante la presentación.
El informe también resalta que más de la mitad de los miembros del Congreso tienen investigaciones por corrupción u otros delitos, lo que genera un conflicto de intereses al momento de legislar y fortalece redes criminales que operan con impunidad.
Estados de emergencia ineficaces
El estudio indica que los estados de emergencia decretados por el Ejecutivo en diversas zonas del país durante más de un año no han sido eficaces para frenar el crimen, pues no han ido acompañados de una mejora de capacidades policiales, ni de recursos ni formación especializada.
Fuentes policiales consultadas por HRW indicaron que la falta de voluntad política y la carencia de recursos limitan las investigaciones y el conocimiento del funcionamiento de las bandas criminales, tanto nacionales como extranjeras, que operan en el país.
HRW: urge fortalecer las instituciones
Human Rights Watch concluyó que, en lugar de reforzar el Estado de derecho para contener el avance del crimen, las políticas recientes en Perú han contribuido a su expansión, afectando la seguridad y el acceso a justicia de la población.
El informe es un llamado a la revisión de las leyes y a una acción conjunta de Ejecutivo y Legislativo para fortalecer las instituciones, restablecer la independencia de jueces y fiscales y priorizar la lucha contra el crimen organizado como un asunto de seguridad nacional y de derechos humanos.
