Indefiniciones del Gobierno en intento por traer a Alejandro Toledo
Indefiniciones del Gobierno en intento por traer a Alejandro Toledo

La nota de prensa de la Cancillería lanzada la tarde del último domingo resultó desconcertante. Según esta, “el mandatario peruano (Pedro Pablo Kuczynski) solicitó al presidente Donald Trump que, en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país brinda al Departamento de Estado, se evalúe la opción de deportar al expresidente Toledo al Perú a fin que de sea sometido a la justicia peruana”.

Sin embargo, en la web oficial de la Casa Blanca se detallaban ayer los temas que abordaron ambos mandatarios y no se mencionaba el caso Toledo.

Del mismo modo, una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que “es nuestra política desde hace mucho tiempo no comentar sobre peticiones de extradición”. El tema no quedó ahí. El vocero del Departamento de Justicia, Peter Carr, detalló que tampoco “comenta normalmente sobre asuntos relacionados con extradiciones”.

El ministro Fernando Zavala, por su parte, intentó zanjar el tema afirmando que “fue una conversación larga y se abordaron muchos temas”.

Al cierre de esta edición, una fuente del Gobierno nos informó que la Cancillería precisaría los puntos abordados en la conversación entre ambos mandatarios, entre ellos el caso Toledo.

Sin embargo, a decir de algunos especialistas en derecho constitucional y penal, este es uno más de los continuos errores que podrían costarle caro al Gobierno en su intento de traer al expresidente Alejandro Toledo para que siga su proceso judicial en el Perú.

¿DEPORTACIÓN O EXTRADICIÓN? La figura legal por la que se pretende repatriar al expresidente Toledo para que responda ante la justicia, por presuntamente haber recibido coimas a cambio de favorecer a la empresa Odebrecht, es confusa.

La Cancillería habla de “pedido de deportación” y el ministro Basombrío incluso señaló, en una entrevista para Willax TV, que si Estados Unidos acepta ese pedido, “el expresidente Toledo estaría en el Perú en una semana”.

Basombrío sustenta su tesis en un artículo de la ley de migraciones de Estados Unidos, que sostiene que los extranjeros que causen perjuicio a la política o imagen del país se vuelven “deportables”.

Pero Basombrío no se queda allí, pues también señala que en caso no se diera la deportación, el trámite a seguir sería la extradición, con lo cual, calcula, el expresidente estaría de regreso en unos seis meses.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, la Cancillería y el Gobierno, al hablar de deportación, se equivocan, ya que esto se da cuando la situación migratoria de una persona extranjera en un país es irregular, cuando entró sin registrarse o violó las leyes migratorias.

“Ese no es el caso, porque Toledo tiene residencia legal en EE.UU., no es un turista. En este caso lo único que aplica es el trámite de extradición activa, donde el Perú es el país requeriente y EE.UU. es el país requerido. La ventaja es que entre ambos países hay un tratado vigente”, refirió a Correo.

En esa misma línea, el abogado penalista Luis Lama Puccio sostuvo que una persona es deportada, de acuerdo con el derecho internacional, cuando ha sido procesada, juzgada y condenada por un delito que está tipificado en la legislación penal en donde esta persona habitaba, y como resultado de la sentencia condenatoria ha quedado consentida, firme y se ha cumplido.

“Acá pasa con las personas condenadas por tráfico ilícito de drogas si son extranjeras. Otra forma en que se le podría deportar es cuando este concepto es igual al de expulsión (lo que detalló Quiroga). En síntesis, la deportación no aplicaría en la forma como debería ser repatriado Alejandro Toledo”, afirmó.

TRUMP. Sobre la llamada telefónica en la que Kuczynski le habría pedido a Trump que evalúe la opción de deportar a Toledo, Aníbal Quiroga sostiene que es un pedido sin base, porque la intervención de Trump no significa nada, a lo mucho una invocación al Departamento de Estado para que lo haga más rápido, nada más.

“Los fiscales en EE.UU. tienen absoluta independencia y pertenecen al Ministerio de Justicia. El Departamento de Estado, a través de la Cancillería americana, recibe el requerimiento, lo pasa a Justicia y ellos designan a un fiscal para que lo pida a un juez. Este, atendiendo al pedido fiscal, concede o deniega la extradición, es un proceso que demora unos seis meses. En este caso no ha llegado ni al juez, la Fiscalía ha dicho ‘esto está incompleto, así no lo puedo pasar’, entonces acá lo están completando”, sostiene Quiroga.

Lamas Puccio, por su parte, afirma que el problema no radicaría en la forma como podría ser repatriado, sino que si la extradición no cumple con las formalidades, esas falencias jurídicas podrían ser utilizadas por la defensa acá para decir que hay una persecución política, se ha violado el debido proceso y se va a la CIDH.

“Se debe deslindar con absoluta claridad cualquier atisbo de injerencia o interferencia de carácter político, porque acá lo que se juzga es un hecho eminentemente criminal”, manifestó Lamas Puccio.

GRILLETES O FIANZA. Sobre cómo Toledo va a afrontar el proceso de extradición en lEE.UU., Quiroga sostiene que puede ser en la cárcel, en libertad con comparecencia y fianza o con arresto domiciliario con grillete.

“Eso lo va a decidir el juez americano que lleve el proceso. Toledo se puede allanar a la extradición, en ese caso el juicio se acaba, lo llevan al aeropuerto y lo envían de inmediato”.

Por su lado, Lamas Puccio detalló los peligros a los que podría llevar los errores en que está incurriendo el gobierno en este momento. Según manifiesta, en EE.UU. no se entran a deslindar aspectos subjetivos como en Latinoamérica. Pero si ello ocurriese y a Toledo lo traen sin cumplir con formalidades, eso daría elementos a su defensa para fundamentar violación de derechos humanos en el sentido judicial, porque el debido proceso es un derecho humano.

“Si acá no le tomaron la declaración y dispusieron una detención preventiva o si veo que, por ejemplo, esto no correspondía a la jurisdicción de crimen organizado, estaría violando el debido proceso; si el delito de tráfico de influencia no está tipificado en los EEUU, se está violando el debido proceso; si veo que PPK ha llamado a Trump y como consecuencia de ello él interviene en estos asuntos, se está violando la separación de poderes; si se muestra la fotografía en la que están pidiendo una recompensa sobre una persona que no está condenada y lo muestran como si fuera un delincuente, están violando el principio de presunción de inocencia”.

“Todo esto -prosiguió-, va a entrar en la evaluación del tema, ahora o después. El juez hasta podría denegar el pedido de extradición. Los errores que cometen las partes, se convierten en medios de defensa del rival. Son errores además innecesarios”, finalizó.

COMPROMISO. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que en la víspera convocó a la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción a una reunión de emergencia por el caso “Lava Jato”, anunció que los representantes de cada ente que integra dicho organismo, se comprometieron para enfrentar este nuevo escenario, el cual configura uno de los casos más grandes de corrupción de todos los tiempos.

Desde las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, Sánchez informó que durante la sesión se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, la cual es un paso firme para prevenir situaciones similares de corrupción en el país.