El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este lunes que iniciará un proceso administrativo disciplinario Pedro Castillo, quien anunció que inició una huelga de hambre en protesta contra el juicio oral que afronta por el presunto delito de rebelión, debido al fallido golpe de Estado en el año 2022.
Mediante un comunicado, el INPE señaló que la decisión del expresidente de negarse a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía es una falta disciplinaria grave, según el artículo 28, numeral 9, del Decreto Supremo N’ 003-2021-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal.
“Este acto de indisciplina trae como consecuencia que se haya iniciado un proceso administrativo disciplinario al interno, cuyo resultado será comunicado oportunamente a la opinión pública; además, implica el aislamiento del interno y la suspensión de su visita”, señalaron.
Desde el INPE, manifestaron que, luego de la decisión de Castillo, cumpliendo con el protocolo establecido, se le sometió a una evaluación por parte del área de salud del penal de Barbadillo y se determinó que está estable.

Pedro Castillo anuncia huelga de hambre y denuncia trato parcializado en su juicio
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este lunes el inicio de una huelga de hambre como medida de protesta por lo que considera una “injusticia” en su contra.
A través de un manuscrito difundido en sus redes sociales, Castillo comunicó su decisión a su familia y al pueblo peruano, denunciando un trato parcializado por parte del sistema de justicia.
“Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano he decidido acatar a partir de esta fecha huelga de hambre”, escribió el exmandatario. En el texto, Castillo también criticó a una jueza del tribunal que lleva su caso, acusándola de haber “adelantado su opinión, forzando el tipo penal de rebelión”.
El manuscrito, firmado por su abogado Walter Ayala, fue compartido luego de que Castillo intentara abandonar la audiencia judicial sin respaldo legal.
Previamente, el expresidente había presentado un escrito en el que notificaba la subrogación de todos sus defensores, aunque la sala judicial aclaró que solo había prescindido de uno de sus abogados, Luis Medrano, y no de los otros tres, por lo que su defensa “continúa subsistiendo”.
Castillo rechazó ser representado por un abogado público, a pesar de que el tribunal decidió asignarle uno. El exmandatario enfrenta un juicio oral por los cargos de rebelión y abuso de autoridad, relacionados con su intento de autogolpe de Estado en diciembre de 2022. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión en su contra.
Actualmente, Castillo se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, un centro de máxima seguridad en Lima, donde ha permanecido desde su arresto.
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