La Comisión de Educación del Congreso aprobó con 21 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones la insistencia de la autógrafa de ley que autoriza el nombramiento excepcional de docentes de educación básica que aprueben dos etapas del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial, propuesta observada por el Ejecutivo.
Esta decisión fue adoptada en sesión extraordinaria descentralizada de dicho grupo de trabajo parlamentario, desarrollada ayer en la ciudad de Huancayo.
La autógrafa deberá pasar ahora al pleno del Congreso para su aprobación.
El Legislativo aprobó dicha iniciativa, en segunda votación, en diciembre de 2024, pero el Poder Ejecutivo la observó bajo el argumento de que contraviene el principio de equilibrio presupuestario. Recordó que el Legislativo no tiene iniciativa para crear ni aumentar el gasto público.
Según el Consejo Nacional de Educación del Perú (CNE) la ley que autoriza el nombramiento excepcional de docentes “vulnera el principio de legalidad en el proceso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial en curso”, pretendiendo “otorgar vacantes” a aquellos docentes que en procesos anteriores aprobaron las fases de evaluación, pero no alcanzaron plazas”.
En un comunicado de noviembre pasado, el CNE expresó su preocupación sobre el referido proyecto de ley y recordó que el Ministerio de Educación es el órgano rector y “tiene competencia exclusiva para regular los procesos de evaluación docente, incluidos los indicadores e instrumentos que garanticen la idoneidad y el mérito en el ingreso a la carrera pública magisterial”.
Asimismo, precisó que estas normas, filtros y etapas de evaluación, salvaguardan la calidad del desempeño docente, garantizando así el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad y pertinente.
BENEFICIADOS
En entrevista para el Canal del Congreso, el presidente de dicha comisión, Segundo Montalvo (Perú Libre), manifestó que se busca reivindicar los derechos del personal docente que aprobó este examen en el año 2022. Añadió que se estaría beneficiando a aproximadamente de 21 mil docentes en todo el país.
La propuesta tiene como finalidad la adjudicación de plazas vacantes, las cuales son entregadas, excepcionalmente, en estricto orden de mérito.
Uno de los principales puntos de discordia fue la observación del Ejecutivo sobre la preclusividad del concurso; es decir, que no se puede retroceder en las etapas del proceso.
Sin embargo, Segundo Montalvo aseguró que la propuesta no vulnera este principio, ya que se trata de una medida excepcional.
