El primer ministro, Aníbal Torres, anunció proyecto de ley para castigar la difusión de información de investigaciones penales en su etapa preliminar. (Foto: PCM)
El primer ministro, Aníbal Torres, anunció proyecto de ley para castigar la difusión de información de investigaciones penales en su etapa preliminar. (Foto: PCM)

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó este sábado 25 de junio su rechazo al proyecto de ley anunciado ayer por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, que sanciona la difusión de información reservada de un proceso penal a través de los medios de comunicación.

En un pronunciamiento, indicó que la intención del Gobierno afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que consideró “inconstitucional”, y correspondería más bien a “un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”.

Recordó que en febrero pasado emitió un comunicado rechazando el proyecto de ley que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso, planteando la posibilidad de que los periodistas puedan ser condenados con prisión por informar sobre testimonios de colaboradores eficaces ante el Ministerio Público.

El IPYS señaló aquella vez que la información publicada de este tipo en su mayoría proviene de fuentes confidenciales y tiene interés público, lo que protege su difusión con el derecho a la libertad de información.

“El IPYS entiende la importancia de mantener la reserva de los procesos investigativos en la justicia, pero el eventual castigo de la violación de esta reserva debe dirigirse a quienes están obligados a protegerla y no al mensajero periodístico”, dijo en su comunicado.

El instituto también subrayó que ninguna investigación fiscal ha establecido responsabilidades por la violación de la reserva de procesos de colaboración eficaz a pesar de los constantes cuestionamientos contra esta figura.

“La reserva de las investigaciones no debería ser total sino caso por caso, y no se debería castigar las filtraciones, ni siquiera las interesadas o parciales, sino aquellas que generen un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados”, acotó.

Proyecto para evitar filtraciones

Como se recuerda, el primer ministro, Aníbal Torres, anunció que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para penalizar con hasta cuatro años de prisión a quienes difundan información fiscal sobre casos penales.

“Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva”, justificó.

“Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público, a veces seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder”, agregó.

Cabe indicar que este proyecto de ley ya había sido anunciado el pasado 13 de junio por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien declaró que lo que se busca con la medida es “proteger” la presunción de inocencia de investigados.

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