Iván Arenas, analista político y consultor en asuntos de minería informal e ilegal, afirma que no existe, tanto en los mineros informales como en los partidos políticos, una voluntad verdadera por formalizar este sector, que ya constituye la primera economía ilegal
El predictamen que amplía el Reinfo hasta el 2027 pronto será debatido en el pleno del Congreso, ¿qué cree que va a pasar con la propuesta de ampliación?
No hay por qué ampliar por dos años el Reinfo. Lo que pasa es que hay condiciones económicas, técnicas y políticas creadas que permitirían la ampliación. En mi opinión, no es buena la ampliación pero hay que reconocer que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anterior no dejó las condiciones para culminar la formalización el 31 de diciembre de este año. El proceso se quedó frustrado con el cambio de gobierno pero, fundamentalmente, porque el gobierno anterior burocratizó en extremo los trámites. El nuevo ministro tendría que desburocratizar eso y realizar cambios sustanciales en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.
¿Qué consecuencias inmediatas vendrán si el Congreso aprueba la extensión del Reinfo hasta el 2027?
Sería lamentable que se apruebe la ampliación del Reinfo porque no solo quieren extenderlo sino que, además, quieren reabrir el Reinfo para 55 mil mineros informales cuyos registros ya han sido anulados. Es necesario remarcar que el proceso de formalización de estos 55 mil se acabó, ya no continúa. No es que haya habido un proceso de exclusión. Eso es una falsedad. Es un intento de formalización que ha sido anulado. Sería riesgoso que vuelvan. También sería riesgoso abrir el Reinfo para nuevos mineros informales. Si tú extiendes este proceso por dos años más, lo que estás haciendo es beneficiando directamente a la minería ilegal. El proceso de formalización ha sido un fracaso rotundo del Estado peruano, tanto de los gobiernos regionales como del gobierno central, a tal punto que van a tener que ampliarlo por cuarta o quinta vez. Y le han dado razones al minero informal para que el proceso de formalización no termine porque, como dije, se ha burocratizado mucho el proceso. Adicionalmente, el Minem no ha contratado a gente especializada. Y además, cómo se les ocurre decir que vas a formalizar a 31 mil nuevos “reinfos” hasta el 31 de diciembre de este año. Es es una locura. Un engaño.
A su juicio, ¿hay una mano negra que finalmente consigue frustrar todo?, ¿una resistencia oculta que boicotea la formalización?
Acá lo que existe es un conjunto de intereses de diferente actores. Gente que está ligada a las plantas de beneficio, partidos políticos que están en los gobiernos regionales como el caso de Alianza Para el Progreso. Hay una mixtura de intereses. Adicionalmente, los gobiernos regionales, el Minem, pero además un mercado negro que financia a estos ilegales. Todos ellos tienen intereses. Y esos intereses, básicamente, están representados por los partidos políticos en el Congreso, de izquierda y de derecha. Ahí están los políticos que se dedican a defender a la minería ilegal e informal. Todos ellos tienen el objetivo de que no haya una formalización en serio.
¿Es muy evidente que los partidos políticos, no solo de izquierda, están en una batalla por ganar la representación del sector minero informal?
Hay una competencia entre partidos de derecha e izquierda que ven en el capitalismo popular minero un sector que tiene mucho dinero y muchos votos, y quieren representarlo políticamente, a cualquier costo.
¿Hay un financiamiento oscuro en beneficio de los partidos políticos?
Sí, por supuesto. Partidos que quieren que el statu quo se mantenga por años. Hay un financiamiento oscuro de varios gremios informales que no quieren una formalización real, en serio. En la izquierda, por ejemplo, los congresistas Guido Bellido y Víctor Cutipa no quieren que se formalice al minero informal. Lo que quieren es tenerlos toda la vida como proletarios, como pequeños mineros informales para disponer de sus votos y el financiamiento. En la derecha e izquierda lo que les interesa es, básicamente, la organización, los votos y los recursos económicos de los informales.
Un gobierno como el de Pedro Castillo y Perú Libre ¿llegó a representar a la criminalidad minera ilegal desde Palacio de Gobierno?
Sin ninguna duda. Representaba claramente los intereses del sector informal ilegal, que les financió gran parte de la campaña. Lo que hay acá es una nueva burguesía de la minería ilegal, un nuevo capitalismo popular ilegal que no tiene representación política y que está buscando sentarse en la mesa del poder pero de manera ilegal.
