A logo on the exterior of the Telefonica SA headquarters in Madrid, Spain, on Thursday, Feb. 22, 2024. Spain’s Telefonica missed analysts’ earnings expectations after taking an impairment in the UK and a provision as part of a plan to cut staff costs.
A logo on the exterior of the Telefonica SA headquarters in Madrid, Spain, on Thursday, Feb. 22, 2024. Spain’s Telefonica missed analysts’ earnings expectations after taking an impairment in the UK and a provision as part of a plan to cut staff costs.

Catorce parlamentarios de distintas bancadas de izquierda en el Congreso impulsan la expropiación de Telefónica, hoy Integratel Perú S.A.A.

El proyecto de ley 11565/2024, liderado por Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Jaime Quito (Bancada Socialista), pretende que el Estado tome posesión de “todas las acciones, activos y operaciones” de la empresa, en un plazo de treinta días calendario, de aprobarse la norma.

PangeaCo, Telefónica Cloud Tech perú y Telefónica Cybersecurity y Cloud Tech Perú, empresas creadas entre marzo y junio del 2020, también serían expropiadas.

En detalle

Según el PL, de expropiarse, la compañía recibirá la denominación de Telecomunicaciones del Perú - TELPERÚ y estará adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta cartera tomará la conducción de la empresa, “bajo un esquema de gobierno corporativo” hasta que el Estado decida si apuesta por una “administración estatal, concesión o privatización bajo nuevas reglas de dación de servicios”.

El proyecto destaca que el proceso de privatización de la empresa “durante el gobierno de Alberto Fujimori, tuvo indicios claros y comprobados de corrupción”.

Además, denuncia “falta de concursos transparentes para seleccionar contratistas, el uso recurrente de materiales de baja calidad (…), personal sin capacitación (...) ni experiencia comprobada (...) desigualdad regional donde la calidad del servicio varía según el contratista en cada zona geográfica”, etc.

Finalmente, asegura que “existe evidencia de expropiación (…) en países democráticos”, entre ellos, los procesos de nacionalización del litio y el cobre en México y Chile, respectivamente.

Sin embargo, reconoce como costo político la “inseguridad jurídica para otras inversiones, litigios internacionales, la posible caída en la calificación crediticia del Estado y enfrentar un arbitraje”.