Jaime de Althaus Guarderas, periodista, antropólogo y analista de temas políticos es vocero y articulador de una propuesta sobre un plan contra la inseguridad ciudadana presentada por seis partidos. Asevera que el actual Gobierno no tiene la fuerza institucional para implementar un programa enérgico contra la criminalidad pero espera que el próximo Ejecutivo sí lo tenga. Opina que la política ha penetrado la Fiscalía y el Poder Judicial.
¿Las propuestas de seguridad ciudadana presentadas por seis partidos están pensadas para este Gobierno o el que será elegido en el 2026?
En realidad, deberían poder ser implementadas por el actual Gobierno también. El tema es que algunas de esas propuestas requieren un Gobierno más fuerte. Este Gobierno es muy precario para asumir una estrategia integral como la que se propone. La propuesta supone, para comenzar, un Comando Unificado que incluya a todas las autoridades directamente responsables pero que integre, cercanamente, en un segundo círculo, a la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero en este momento tenemos un conflicto, un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior, de un lado; y el Ministerio Público, del otro lado. Y, eventualmente, también el Poder Judicial, pero sobre todo la Fiscalía. Y esto es gravísimo porque si las principales autoridades encargadas de luchar contra el crimen están enfrentadas entre sí, el crimen avanza. Entonces, esa propuesta de conformar un Comando Unificado, que es central, ¿cómo se conformaría en un Gobierno en el que hay ese enfrentamiento? Eso tiene que resolverse. Hay que reorganizar la Policía Nacional. ¿Este Gobierno va a poder reorganizar la Policía Nacional? Es bien difícil entrever que eso es factible. Hay que plantear una Comisión de Alto Nivel para proponer una reforma integral del Pode Judicial y la reestructuración del Ministerio Público para poner fin a la politización de la Fiscalía (...) Entonces, no es fácil en un contexto político como el actual plantear un cambio así. Ojalá se pudiera avanzar en algunos de estos temas pero, evidentemente, tendría que ser un Gobierno a partir del año 2026, un Gobierno que tenga mayoría o sea una coalición que tenga mayoría en el Congreso para poder llevar adelante las reformas, y que tenga solidez, consistencia política. Tendría que ser un Gobierno fuerte, ¿no?
El llamado Estado de excepción ha sido planteado por algunos partidos; lo de Sendero causó una crisis tremenda y ahora lo de la criminalidad es similar, ¿considera factible volver a instaurar un régimen de excepción como el de los 90, hoy contra la delincuencia?
Habría que ver, primero, qué es lo que establece la Constitución. Todo tiene que darse dentro de la Constitución. La Constitución establece dos estados de excepción: el estado de emergencia, donde se suspende derechos constitucionales tales como la libertad y la seguridad, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito. La Policía Nacional sostiene que esta suspensión de garantías no se aplica a la lucha contra la criminalidad porque la Constitución dice que se aplica en caso de perturbación de la paz y el orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Y los jueces interpretan esto de manera restrictiva, y terminan enjuiciando al policía que intervino un domicilio, por ejemplo. De modo que, o habría que concordar esto con el Poder Judicial o habría que modificar la Constitución. El otro Estado de excepción es el estado de sitio en caso de invasión, guerra exterior o guerra civil, que no sería el caso salvo que se considere que la presencia de organizaciones criminales trasnacionales sea una forma de invasión.
Hasta ahora, los estados de emergencia no han dado resultados...
Hemos comprobado que los estados de emergencia no funcionan si no hay inteligencia, tecnología y una estrategia clara para ubicar y detener a los criminales y luego no liberarlos, y tener penales donde ponerlos. Eso es lo fundamental. Lo fundamental, repito, es establecer un Comando Unificado o un Estado Mayor contra la criminalidad que incluya a las autoridades directamente responsables, coordinando estrechamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial para aplicar una estrategia conjunta y coordinada, de modo que la Fiscalía y el Poder Judicial separen a fiscales y jueces no comprometidos, o venales, y más bien designen un equipo de jueces y fiscales capaces de trabajar estrechamente con la Policía.
¿Los estados de emergencia, en todo caso, deberían ser perfeccionados?
Sin duda. Se requeriría una modificación constitucional para que los estados de emergencia sean aplicables a la lucha contra la criminalidad porque están pensados solo para la lucha contra el terrorismo, la perturbación de la paz y el orden interno, de catástrofes o de graves circunstancias y los jueces lo interpretan de manera restrictiva, repito. O se requeriría un acuerdo con el Poder Judicial para que establezca una jurisprudencia que permita usar ese instituto. Los estados de emergencia no han funcionado. Lo que se requiere en realidad es inteligencia, tecnología y no liberar a los delincuentes que son capturados. Se necesitan protocolos de coordinación estrecha entre la Fiscalía y la Policía Nacional para no liberar a los delincuentes. Y para eso también se requieren penales. No hay suficientes penales. Están sobrehacinados. Hay capacidad solo para 40 mil presos y hay como cien mil en este momento.
¿Y en Pataz y la sierra de La Libertad qué hacer con esos grupos armados que protegen a los mineros ilegales?
En las zonas de emergencia como Pataz, en la sierra de La Libertad, donde nuevamente se han producido ataques, se requiere conformar una suerte de comando militar-policial y, con un estado de emergencia efectivo, que permita a las fuerzas del orden ingresar a los domicilios, sin necesidad de una orden del juez, detener a una persona sin orden judicial y procesarla. Se requiere realmente poner fuerza y acabar con estas organizaciones criminales en estos territorios.
El estado de excepción ha mostrado un éxito indudable en El Salvador, por ejemplo, ¿podríamos tomar algunos aportes de Bukele que se acomoden a nuestra realidad y condiciones?
El tema es que en El Salvador la tarea fue relativamente fácil porque todos los “maras” eran fácilmente identificables por sus tatuajes. Ahí se contrató a un grupo de criptólogos para descifrar el lenguaje, los códigos de los tatuajes y se podía saber qué rango tenía en la jerarquía, cuántos asesinatos ha cometido, etc. En el Perú no es tan fácil. Necesitamos más inteligencia, más tecnología.
Sin embargo, la propuesta de un régimen de excepción comienza a ganar terreno entre nuestros partidos, por ejemplo, Renovación Popular lo ha planteado en un comunicado.
Lo que hay que hacer es perfeccionar los estados de emergencia. Que se pueda, efectivamente, intervenir a la poblacion, levantar realmente las garantías constitucionales. Actualmente no sirve para perseguir a un delincuente o una organización delincuencial. Sirve exclusivamente contra delincuentes terroristas. Eso sí, hay que mejorarlo. Eso es lo que yo pienso.
La actual normativa no está hecha para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales y tampoco contra la minería ilegal del oro.
Efectivamente, el enemigo es fortísimo. Para eso hay que obtener que el sistema judicial designe a magistrados comprometidos y depurar internamente la Policía Nacional porque está penetrada en algunas áreas por la criminalidad organizada. Es un trabajo que requiere de un gran liderazgo político para tomar decisiones fuertes.
Se dice que el Ministerio Público ha perdido su perfil técnico y autonomía, y se habría politizado, ¿cuál su apreciación?
Sin duda. Hace ya buen tiempo que el Ministerio Público está politizado. Esto viene desde la época de los casos Lava Jato y las donaciones de campaña. Estas donaciones de campaña no eran delito. Y fueron criminalizadas en forma de lavado de activos. Se puso en prisión a líderes políticos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala y otros por haber recibido donaciones de campaña. Entonces, eso fue en última instancia una forma de abuso, una forma de persecusión política. Eso es distinto a los casos de sobornos como los de Toledo, de funcionarios que recibieron dinero de Odebrecht para aprobar obras. Esos sí son delitos, pero aceptar dinero de campaña, eso no era delito. En buena cuenta, esos procesos debilitaron a parte importante de la clase política, de modo que alguien como Pedro Castillo pudo ganar las elecciones del 2021.
¿Boluarte debe llegar al 2026?
No tendría mucho sentido cambiar de Gobierno a poco tiempo de las elecciones.
¿Qué lecciones deberíamos sacar de lo ocurrido estos cinco años: del ascenso de políticos como Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Dina Boluarte?
El problema detrás de todo es la polarización entre el fujimorismo y el antijujimorismo que ha sido muy dañino. En primer lugar, impidió que Keiko Fujimori llegara al poder el 2016 (...) pero ella terminó con una mayoría absoluta de 73 congresistas. Entonces, se dieron las condiciones para un enfrentamiento entre poderes (...). Terminó con la renuncia de PPK. Vizcarra no tuvo mejor manera de construir su popularidad que disolviendo inconstitucionalmente el Congreso. Nuevamente, alimentándose del antifujimorismo. Y el nuevo Congreso, a su vez, lo destituyó a él. Es decir, se inició un periodo de anarquía (...). El Perú perdió futuro, perdió confianza, las inversiones se retrajeron. Se fueron 23 mil millones de dólares y millones de peruanos salieron del país. El Perú se ha descapitalizado en todo sentido a raíz de todos estos conflictos políticos. Entonces, el tema es muy serio: recuperar el destino nacional, la viabilidad nacional. Esa es la tarea del Gobierno del 2026.
