El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió a trámite una solicitud de vacancia contra 21 regidores del Concejo Metropolitano de Lima, bajo la acusación de haber autorizado un gasto público sin seguir el procedimiento de contratación estatal.

La denuncia, presentada por el ciudadano Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez, se basa en la presunta infracción al artículo 11° de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El caso gira en torno a la aprobación de un Acuerdo de Concejo el 13 de noviembre de 2024, mediante el cual se autorizó una operación con la empresa estadounidense Caltrain para la adquisición y traslado de material ferroviario.

El acuerdo incluía la compra de 20 locomotoras EMD F40PH-2, 93 vagones galería y repuestos, por un monto total de US$ 24′502,915. De esta suma, US$ 7.5 millones correspondían al valor de la donación de los bienes, mientras que US$ 17 millones estaban destinados a su remoción y traslado desde California.

Según la denuncia, el Concejo habría aprobado este gasto sin realizar un proceso de contratación pública, excediendo sus competencias.

La Ley Orgánica de Municipalidades establece que los regidores no pueden intervenir en decisiones ejecutivas o administrativas, como contrataciones directas.

Durante la sesión extraordinaria donde se debatió el acuerdo (acta N.° 51), el regidor Gagó Pérez alertó sobre posibles irregularidades, pero la propuesta fue aprobada por mayoría. El alcalde Rafael López Aliaga defendió el gasto, señalando que los fondos estaban destinados al transporte del material.

Como antecedente, el denunciante citó la Resolución N.° 0231-2024 del JNE, que declaró fundada la vacancia de regidores en José Leonardo Ortiz por decisiones ejecutivas no autorizadas.

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