Un enfrentamiento sin precedentes protagonizan el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta última, anunció ayer el inicio de un procedimiento de ejecución forzosa para hacer cumplir su resolución, emitida el jueves 12 de junio, que ordena la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.
Dicha medida contempla el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional (PNP) para remover a Delia Espinoza, hoy instalada como máxima autoridad de la Fiscalía. Su aplicación conlleva una serie de cuestionamientos.
Alarmas
Horas antes del controversial anuncio de la JNJ, el fiscal Luis Ballón sostuvo en una audiencia judicial que el organismo había enviado un oficio a la PNP solicitándole el uso de la fuerza para hacer valer sus decisiones. El representante del Ministerio Público brindó dichas declaraciones, ante el juez Segismundo León Velasco, durante su pedido para sustentar una “supensión en el cargo”, por 36 meses, contra Patricia Benavides.
“Solicito auxilio de la fuerza pública”, se consigna como asunto en el oficio remitido por la JNJ a la Policía Nacional y firmado por su presidente, Gino Ríos, con fecha del 24 de junio.
En el documento, destinado al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, se solicita “prestar el auxilio de la fuerza pública a fin de que se cumpla lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Resolución N° 231-2025-JNJ, referido a la reposición de la señora Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema y fiscal de la Nación”.
La ratificación de dicha invocación llegaría horas después, de forma pública, a través de un pronunciamiento del organismo autónomo. En el comunicado estuvieron los seis miembros que votaron a favor de Benavides Vargas: Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo Sandoval.
No figuró ante cámaras Francisco Távara, quien se abstuvo de votar tras no participar en el informe oral del caso, el 6 de junio, al considerar que la destitución era cosa juzgada.
Dicho punto fue recordado por la Junta, quien reafirmó que la resolución “fue firmada por los seis miembros que participaron en dicha sesión”; es decir, insistió en que el “acuerdo fue adoptado por unanimidad”.
Cabe recordar que el último lunes, Delia Espinoza había cursado un oficio al Ministerio del Interior para reiterarle que, al ser este un tema de controversia, “en caso que los alto mandos dispongan la intervención de la Policía, estarán incursos en infracciones administrativas graves y en la comisión de ilícitos penales.
En vilo
Fue Gino Ríos, titular de la institución, quien sostuvo en el mensaje que la JNJ “ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa” según el artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El funcionario enfatizó que no cederán a “presiones” o injerencias.
“La JNJ, como organismo constitucional autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales, ejerce sus competencias con plena autonomía, no permitiendo presiones ni interferencias externas”, remarcó Ríos Patio.
Al igual que en comunicados previos por parte de la Junta, hizo una “exhortación al respeto de la legalidad y al cumplimiento de las resoluciones adoptadas por esta institución, en el marco de sus competencias constitucionales, a fin de no agravar la afectación a la institucionalidad del país”.
No obstante, para el abogado penalista Andy Carrión, la figura de la ejecución forzosa es “absolutamente conflictiva”. Remarcó que el procedimiento es “sui generis” debido al funcionamiento de la JNJ, que data de apenas cinco años atrás.
“Si uno revisa la Ley Orgánica de la JNJ no va a encontrar un supuesto sobre el uso forzoso de la fuerza si no se cumplen sus decisiones, por eso es que se están remitiendo a otra normativa complementaria. ¿Es posible? por supuesto. (...) Si hay una decisión por parte de la JNJ que se considera irregular o arbitraria (...) lo primero que se tiene que hacer es obedecer. Y luego, dentro del mismo procedimiento, te opones y litigas dentro del proceso. Pero lo que ha hecho Delia Espinoza es ser reticente al cumplimiento de una decisión de la JNJ”, indicó a Correo.
Pese a ello, agregó, la JNJ “debió hacer una advertencia” a la Policía, del no cumplimiento de su disposición, y “no una solicitud”.
“Debieron enfocarlo como una proyección de algo que no se encuentra en su Ley Orgánica y solo advertir a las autoridades del incumplimiento (...). Por otro lado, la ejecución es inmediata, se equipara a la flagrancia. El plazo está en el término de la recepción: la Policía recepciona el oficio y tiene que ejecutar”, aseveró.
La también penalista Romy Chang, por su parte, sostuvo que”, en realidad, la Junta “no tiene opción de hacer uso de la fuerza”.
Manifestó que si bien “su normativa comprende la existencia de un órgano interno, que se encarga de ejecutar sus resoluciones, no dice en ninguna parte que pueden hacer uso de la fuerza (pública) para ello”.
“Lo que pasa es que el Congreso nunca previó que el Ministerio Público o el Poder Judicial se iban a negar a cumplir su resoluciones. Por eso, existe un vacío legislativo al respecto”, puntualizó Chang.
Reacciones
Entre tanto, el abogado de Benavides, Jorge del Castillo, saludó la decisión del organismo autónomo.
“Es un tema de Derecho en el cual se tiene que acatar y cumplir la decisión de la Junta”, indicó a Canal N.
“Vamos a evaluar este pronunciamiento de la JNJ (...) No quisiera ver a la PNP interviniendo, pero las normas se tienen que cumplir”, señaló.
Por su parte, Luciano López, quien ejerce la defensa de Espinoza, hizo hincapié en que Gino Ríos reconoció que esta es una “medida de carácter estrictamente administrativo”.
Por ello, agregó que “al no ser un acto judicial, la fuerza pública, es decir, la Policía Nacional, no puede actuar para resguardar esa decisión, pues eso solamente lo puede hacer un juez”.
“La desobediencia la están cometiendo ellos, pero desobediencia a la ley. La señora Espinoza, tal como la autoriza el numeral 12.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es el marco legal que ellos han aplicado, es la que permite que ella pueda formular una oposición”, manifestó.
Hasta el cierre de esta edición, no se reportó el uso de la fuerza pública por parte de la PNP en las instalaciones de la Fiscalía.
No era claro, tampoco, si Delia Espinoza seguía atrincherada en las instalaciones fiscales. No se descartaba que en la madrugada se pudiese producir alguna incursión.
