Jorge Barata, exrepresentante de la constructora Odebrecht en el Perú, no se presentó ante la comisión del Congreso encargada de investigar el acuerdo de colaboración eficaz firmado con el consorcio brasileño.
En un documento enviado por su defensa legal en el Perú, el exdirectivo alegó que se habrían cometido una serie de “violaciones” por parte del equipo especial de fiscales y de la Procuraduría Pública Ad Hoc encargada del caso.
Así lo informó el presidente de la comisión investigadora, Alejandro Muñante, quien detalló que la defensa legal de Barata en el Perú respondió a la citación enviada el pasado 1 de agosto, justificando su inasistencia.
“Dejamos constancia que ante la invitación que oportunamente le cursamos al señor Jorge Henrique Simoes Barata, mediante carta del 1 de agosto del 2025, su defensa legal en el Perú nos informa sobre la imposibilidad de brindar el testimonio requerido como consecuencia de una serie de supuestas violaciones cometidas por el equipo especial de fiscales y la Procuraduría Pública Ad Hoc, que participa en los casos penales vinculados a Odebrecht y sus ejecutivos”, manifestó.
En octubre de 2024, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó sin efecto la resolución que había revocado los beneficios otorgados a Jorge Barata en el marco del acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Ministerio Público en 2019.
En esa ocasión, la resolución detalló que Barata accedió al beneficio premial de exención de pena en los casos vinculados a la Avenida Evitamiento - Cusco, el Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, y los Tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
Es importante señalar que en enero pasado el Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva contra Jorge Barata y dispuso, en su lugar, que afronte el proceso bajo comparecencia con restricciones por el caso Gasoducto Sur Peruano.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional aceptó la apelación presentada por la defensa del empresario brasileño y anuló la decisión emitida el 7 de octubre de 2024 por el juez Leodán Cristóbal Ayala, quien había dictado 36 meses de prisión preventiva.
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