Cuatro días antes de la lectura de su sentencia por el Caso Metro de Lima (tramos 1 y 2), el exviceministro de Comunicaciones Jorge Luis Cuba Hidalgo salió del país con rumbo a Ecuador.
“Lamentablemente ha fugado. Gracias a una ley del Congreso actual, no se le pudo ampliar el impedimento de salida del país que tenía”, afirmó el fiscal José Domingo Pérez tras salir de la audiencia en la que se dictó condenas, por colusión y lavado de activos, a ocho acusados.
Hasta el cierre de esta edición, fuentes de Correo aseguraron que solo uno de los condenados está bajo la custodia de las autoridades.
Inubicables
La Policía Nacional dio cuenta al Ministerio Público que Cuba salió del país, por vía terrestre, el último domingo 20 de julio.
Su abogado Renzo González también se pronunció al término de la diligencia judicial, en la que se le impuso 21 años y ocho meses de prisión a Cuba Hidalgo.
“El señor Jorge Cuba ha decidido resguardar su integridad y esperar la decisión de la segunda instancia. Es un derecho que le corresponde como a cualquier ciudadano”, declaró.
Aseguró, asimismo, “no tener conocimiento exacto de dónde se encuentra actualmente” su patrocinado.
No solo este exfuncionario fue hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos, por la recepción y el manejo de hasta 8 millones de dólares facilitados por Odebrecht, de acuerdo con la acusación fiscal.
Si bien el colegiado absolvió a la exvoleibolista Jessica Tejada, al considerar que actuó “bajo la confianza” de ser pareja de Cuba —este le habría hecho firmar un documento en blanco, refiriéndole que era un seguro de vida o salud, entre otros—, no eximió a otras siete personas.
Entre los condenados figuran la presidenta del Comité Especial de Selección del Tramo 1, Magdalena Bravo Hinostroza (cinco años de prisión, suspendida en su ejecución por cuatro años), y los integrantes de este grupo Jesús Munive Taquia (cinco años de prisión, suspendida en su ejecución por cuatro años) y Santiago Chau Novoa (18 años y cuatro meses de prisión).
Siguen en la lista la presidenta del Comité Especial de Selección del Tramo 2, Mariela Huerta Minaya (21 años y ocho meses de prisión); y Edwin Luyo Barrientos (21 años y ocho meses de prisión), miembro de dicho grupo de trabajo.
Asimismo, el asistente y primo de Cuba Hidalgo, Miguel Navarro Portugal (16 años y ocho meses de prisión) y Víctor Muñoz Cuba (13 años y cuatro meses de prisión), respectivamente (ver imputaciones en infografía).
De los ocho condenados, solo Luyo Barrientos “se ha puesto a derecho”, según indicaron fuentes judiciales de este diario.
Todas las defensas apelaron la sentencia dictada por los jueces Fernanda Ayasta Nassif (presidenta), Giovanni Félix Palma y Junior Rodríguez Domínguez.
La Fiscalía hizo lo propio para buscar una condena por el agravante de organización criminal y el aumento de las penas en la línea de lo que formuló en su acusación.
Ayer, poco antes de las 8:00 p. m., el Poder Judicial (PJ) notificó la resolución a las partes correspondientes. Con dicha acción podrán formalizar sus apelaciones. Dependerá del sistema de justicia agendar una audiencia y definir el caso en segunda instancia (firme).
El caso
La investigación abordó un acuerdo ilícito entre el exviceministro de Comunicaciones y ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, “con el fin de que esta obtenga la buena pro, en la Licitación Pública N° 003-2009-MTC y en la N° 001-2011-MTC, convocadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), para la realización del expediente técnico y ejecución de las obras del Tramo 1 y Tramo 2 de la Línea 1” del Metro de Lima.
La empresa reconoció en el año 2019 que entregó dinero ilícito a cambio de estas licitaciones. Jorge Barata, exdirectivo de la compañía, participó como testigo en este caso.
Este “señaló que Cuba Hidalgo buscó a Carlos Antonio Nostre Junior con la propuesta de facilitar el éxito de Odebrecht en el Proyecto tren Eléctrico, y que, para ello, tendría que pagar una contrapartida”.
Esta última “se daría solo si hubiera éxito en el proceso y después de que haya sido exitosa la parte de la conquista del proceso de licitación, por lo que no se correría un riesgo”.
Sobre el Tramo 1 se detalla que la contraprestación explícita fue ganar el concurso, participar en la elaboración de las bases y garantizar que el comité estuviera formado por personas de confianza del entonces viceministro Cuba, las que seguirían sus indicaciones.
Cuando estaba en ejecución el Tramo 1, “se realizaron las coordinaciones para lanzar la convocatoria” del Tramo 2 y, “bajo el mismo modus operandi, a fines de 2010, Cuba Hidalgo, indebidamente, concertó un acuerdo subrepticio” con Odebrecht.
“El pacto criminal fue aceptado por Jorge Barata (...) quien conociendo plenamente que la empresa ya había sido beneficiada en la licitación convocada para la ejecución del Tramo 1 (...) y que, de igual forma, nuevamente, tendrían una posición privilegiada (sobre) las demás empresas y/o consorcios a presentarse en la licitación, aceptó la propuesta”, sustentó el Ministerio Público.
Así, se “acordó que la empresa realizaría los pagos de las ventajas indebidas en caso fuese beneficiada y ganase el proceso de licitación”.
La ruta
El Ministerio Público brindó detalles, en su acusación, sobre las “empresas offshores” relacionadas a este proceso.
Entre ellas, figura Hispamar Internacional Corp, “a nombre del sobrino de Jorge Luis Cuba Hidalgo (Víctor Muñoz Cuba), a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a 6’250,000 dólares” por presunto concepto de pagos ilícitos.
También se menciona a Julson International S.A., “a nombre del asesor de Cuba Hidalgo, Miguel Angel Navarro Portugal; de la pareja sentimental de este, Jessica Tejada Guzmán, a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a 500,000 dólares por concepto de pagos ilícitos”.
Siguen Oblong International Inc., “vinculado con Edwin Martin Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya, miembros del Comité Especial (Tramo 2), a cuya cuenta Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a 1’200,000 dólares por concepto de pagos ilícitos”.
Finalmente, se menciona a Ultone Finance Limited “a nombre de Santiago Chau Novoa; a cuya cuenta, Odebrecht habría ingresado el monto ascendente a 500,000 dólares por concepto de pagos ilícitos”.
