Jorge Montoya plantea que el Congreso tenga 100 senadores, 180 diputados, más sueldo y vuelva la reelección

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó un sorpresivo proyecto de ley que tiene como objetivo la “reforma parcial de la Constitución” y que plantea el retorno de la bicameralidad en el Congreso de la República con 100 senadores y 180 diputados, el doble de parlamentarios que existe en la actualidad.

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“El Senado es elegido en distrito electoral único de conformidad con la ley. El número de senadores elegidos es de 100. Se eligen por un periodo de cinco años. Los candidatos a la Presidencia de la República encabezan la lista al Senado (...) el número de diputados elegidos es de 180″, se precisa en la propuesta del retorno de la bicameralidad.

“El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de dos cámaras: El Senado y la Cámara de Diputados. Durante el receso funciona la Comisión Permanente. Los senadores y diputados pueden ser reelegidos”, se agrega en el proyecto de ley.

Asimismo, plantea que los congresistas tengan un sueldo superior a del presidente del Banco Central de Reserva, el contralor general y los miembros del Tribunal Constitucional.

“El presidente de la República goza de la más alta remuneración. Lo siguen los parlamentarios, los vocales y fiscales supremos, los magistrados del Tribunal Constitucional, el presidente del Banco Central de Reserva y la Contraloría General de la República. Por ningún concepto los funcionarios y empelados públicos pueden percibir una remuneración mayor a la que les corresponde a estos funcionarios, bajo responsabilidad penal”, plantea Montoya.

En otra parte de la iniciativa se refuerza la inmunidad con la que cuentan los parlamentarios actualmente. “No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesados sus funciones”, se acota.

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En esa línea, agrega que en caso de delito fragante, el caso dependerá del Congreso o la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y enjuiciamiento.

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